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Domingo, 29 Octubre 2017 20:10

Uber y Cabify, beneficios pero sin compromiso

A pesar de los asesinatos de dos jóvenes mujeres estudiantes, una a manos de un conductor de taxi de Cabify y otra por un grupo delincuencial que era transportado por un chofer de Uber, las dos empresas de autos de alquiler por plataforma digital se han cerrado a ofrecer, a través de mejores mecanismos legales y tecnológicos, garantías a los usuarios.

Quieren los beneficios, pero se niegan a cumplir con más requisitos. Tampoco ofrecen mejores protocolos de seguridad, para la integridad de sus clientes y, menos aún, fortalecen los filtros para garantizar que todos sus “socios”, sus choferes, sean probos.

Por supuesto, no hay la menor duda de que la contundente mayoría son personas honestas, pero el resquicio perverso lo permite precisamente la falta de control de esas empresas, la ausencia de un mayor compromiso con sus clientes.

Hay en su oferta, a pesar de que en un principio muchos usuarios los prefirieron precisamente por su “seguridad”, riesgos indudables y lamentablemente comprobables. Ahí estás los casos de las dos vidas de jovencitas, con muchas ilusiones y metas por delante, extinguidas.

Da la impresion de que estas empresas no saben a ciencia cierta a quiénes están permitiendo dar el servicio, si verdaderamente tienen antecedentes penales, si están técnicamente capacitados, si son efectivamente quienes se inscriben como “socios” los que prestan el servicio o se trata de testaferros para que sean otros quienes conduzcan, si tienen adicciones y una larga lista de interrogantes.

Encima, cualquiera puede acceder a éstas. Para ser “socio” de Uber, basta con presentar identificación oficial (IFE, INE o pasaporte), licencia de conducir vigente y carta de no antecedentes penales. Para Cabify son los mismos más la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Es realmente fácil.

Desgraciadamente, la carta de no antecedentes penales en este país se puede conseguir soterradamente, chueca pues, aunque se haya estado bajo proceso penal.

La licencia puede ser la del conductor particular, no importa que se esté brindando un servicio mercantil.

No hay exámenes toxicológicos ni de manejo. Nada garantiza que en realidad los conductores “socios” estén capacitados.

En una entrevista, hace ya algunos meses, la presidenta del Consejo Taxista del estado de Puebla (CTEP), Érika Díaz Flores, precisamente presentaba un argumento irrefutable: los choferes de su gremio, que tiene 33 años de antigüedad, son conductores profesionales, a diferencia de los taxistas de plataforma que en su mayoría son improvisados.

En los autos de alquiler por aplicación se trata de ciudadanos, seguramente la mayoría honestos y con necesidad de trabajo, que de un día a otro deciden meterse a conductores de estas plataformas.

Reforma para la seguridad

De acuerdo con información de “Proceso”, “la plataforma Uber se manifestó contra disposiciones que pretende introducir el gobierno de Puebla a través de una reforma a la Ley Estatal del Transporte, pues aseguró que violan el derecho a la privacidad de los ciudadanos, limitan su acceso a la tecnología y son discriminatorias”.

La propuesta que hizo el gobernador José Antonio Gali Fayad en este caso, busca que el gobierno tenga acceso en tiempo real a los viajes que hace la empresa Uber, además de que después del asesinato de las dos jovencitas retiró el permiso a Cabify para operar en la entidad.

¿De verdad hay tanto problema en que haya vigilancia a los viajes?

Tampoco se trata de saber santo y seña del usuario, pero sí saber con certeza quién es el conductor y cómo se comporta. Eso es positivo. Claro, habría que revisar a profundidad la reforma y matizar los puntos que lo requieran.

Puebla no es la única entidad en que se han dado casos lamentables con estas empresas de plataforma. Hay otros, al grado de que en el Senado de la República, el Partido Acción Nacional (PAN), a través de Jorge Luis Preciado Rodríguez, propuso la creación de un padrón nacional de conductores de Uber y Cabify.

El planteamiento que analiza la Comisión de Seguridad de la Cámara alta busca crear una base de datos compartida entre entidades para detectar a quienes hayan cometido ilícitos.

Los asesinatos

El mismo reportaje de “Proceso”, publicado en la edición de su sitio web bajo la firma de Gabriela Hernández, da cuenta de los dos asesinatos de las estudiantes que involucran a estas empresas.

El primero del 8 de septiembre, cuando la estudiante la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) Mara Castilla Miranda fue violada y asesinada por un conductor de Cabify; en el otro caso, del 30 del mismo mes, la estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Mariana Fuentes fue asaltada y luego asesinada por delincuentes que transportaba un chofer de Uber.

Este lunes directivos de Uber y Cabify sostendrán una reunión con los integrantes de la Comisión de Transporte del Congreso del estado, en donde seguramente harán reclamaciones.

Ojalá también ofrezcan soluciones, garantías, métodos para mejorar su servicio, si es que los tienen.

Información adicional

  • twitter: @Alvaro_Rmz_V
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