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Diana Gómez

Diana Gómez

 La Ley de Seguridad Interior intenta imponer el mando único que no es más que desaparecer las corporaciones de seguridad pública en el nivel de los gobiernos municipales advirtió el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, durante el Foro de Análisis de Seguridad Interior que contó con la participación de catedráticos especialistas en el tema, así como de diputados federales.

En ese marco el edil cholulteca reiteró que se invitó a legisladores de todas las fuerzas políticas, así como a presidentes municipales, síndicos y regidores.

“Jamás creí que fuéramos el único de los dos mil 460 municipios que hay en el país en imponer la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se trataba de ser los primeros sino de comportarnos a la altura de las circunstancias que se están viviendo en el país”.

Lamento mucho -agregó-, que ningún otro municipio se ha pronunciado formalmente, pero si he platicado con presidentes municipales y lo que encuentro en ellos es falta de información y temor para que actúen conforme a derecho y hagamos valer y respetar un nivel de gobierno que es fundamental y que constitucionalmente en su artículo 115 tiene servicios púbicos muy claros que debemos dar a los ciudadanos y uno de ellos es la seguridad pública.

En el foro -que se replicará en otros municipios-, también participaron los diputados federales Alejandro Armenta Mier y Rodrigo Abdala Dartigues. El primero informó que la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) acudió a la Cámara de Diputados a firmar y presentar el documento de inconstitucional que establece seis argumentos jurídicos de por qué es inconstitucional la referida ley.

Por su parte Rodrigo Abdala consideró que hay dos caminos en el país: la continuidad que ha generado este estado de pobreza y de pocas oportunidades con los mismos de siempre, o el camino donde los ciudadanos puedan asumir el rol de directores de México.

Otro de los ponentes fue el coordinador de la Unidad de Prevención al Delito, Seguridad Ciudadana y Protección Civil del gobierno municipal, Fernando Fierro Aldana, quien destacó que los policías municipales no deben ser satanizados y por el contrario deben tener el apoyo de la gente para que a su vez ellos puedan cuidar las calles y hacer el trabajo que les corresponde.

Mario Santiago Juárez, catedrático de la Universidad de Tlaxcala, consideró que con la Ley de Seguridad Interior el estado legitima y da carta blanca a los militares para actuar sin permiso por lo que se van a dar actos de abuso de autoridad que ya hemos visto en meses anteriores como Tlatlaya o Ayotzinapa, cuando lo que se debió hacer es fortalecer a los ministerios públicos, fortalecer el estado de derecho y no debilitarlo.

Tras explicar los conceptos como seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad democrática y el enfoque epidemiológico de la violencia, la consejera estatal de Derechos Humanos, Georgina Ruiz Toledo, indicó que todos se rigen por los derechos humanos y destacó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) si bien el fenómeno de victimización delictiva y percepción en Puebla está por debajo de la media nacional, ha aumentado en el último año la percepción de inseguridad en la entidad.

Por su parte el presidente de Grupo Litigio, Gonzalo Castillo, aseguró que la Ley de Seguridad Interior fue la legalización de la ineptitud; en su turno al micrófono la contralora municipal Norma Estela Pimentel señaló que la Ley genera conflicto constitucional entre los artículos 6 y 29 ya que deja sin posibilidad a los ciudadanos de preguntar, además de que los datos personales parece que no existen.

Al clausurar el evento el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, aseguró que muchos de los argumentos que se expusieron formarán parte de la audiencia que tendrá ante el ministro responsable de la controversia que se ha presentado y aclaró que el recurso haya sido desechado como se pretendió hacer creer.

No se reportaron personas detenidas en el operativo.

La tesorería anunció que se podría ampliar el pago de predial hasta marzo. 

Fue rehabilitado tras sufrir daños durante el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017.

Indicaron que se tienen que resolver estos asesinatos de la misma forma que se hizo con el caso del presidente de Huitzilán de Serdán.

El edil de ese municipio lamentó la suspensión de apoyo, luego de que interpusiera una controversia institucional ante la SCJN.  

Esta zona arqueológica posee notables ejemplos de pintura mural, como el llamado Mural de los Bebedores.

El priísta refirió que la destitución de cabildo de Tlacotepec debe ser referente ante desacatos.

La Comisión afirmó que el presidente municipal supo sobre el hecho a tiempo, sin embargo no dio aviso a las autoridades estatales. 

Se esperará a que llegue la notificación de la SCJN para que entren los suplementes de los regidores.