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Viernes, 02 Marzo 2018 09:13

Armenta, con inmunidad procesal

  • twitter: @Alvaro_Rmz_V

La Fiscalía se pasa la ley por el arco del triunfo

La información filtrada sobre la supuesta orden de aprehensión que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción le prepara a Alejandro Armenta Mier por un presunto peculado de hace 10 años pareciera solamente un cartucho mediático, sin lógica jurídica.

Y es que, independientemente del sustento que pudiera tener la averiguación previa 72/2016/DGSP y que el virtual candidato al Senado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha refutado, Armenta no puede ser arrestado por el fuero constitucional que lo cobija como diputado federal en ejercicio, incluso si está con licencia a su curul.

Para poder actuar contra él penalmente, la Fiscalía debería entablar un procedimiento de Declaración de Procedencia, largo, burocrático y engorroso, que llevara a su desafuero, primero, para que luego se pudiera proceder en su contra.

Los casos de desafuero que me ha tocado ver como reportero, se llevan meses, cuando son muy rápidos, como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador -entre 2004 y 2005-, quien siendo jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal fue enjuiciado por haber avalado la construcción de un camino para un hospital privado.

Otros, me viene a la mente el de Óscar Espinosa Villarreal, el último regente del DF, por peculado, si no me falla la memoria, se llevó años, pero luego se suspendió porque ya siendo secretario de Turismo en luego renunció al cargo, lo que dejó sin efecto el procedimiento. El caso terminó en la Suprema Corte de Justicia, en donde el priísta fue absuelto.

El procedimiento que involucra en San Lázaro a la Comisión Jurisdiccional, Subcomisión de Examen Previo, Sección Instructura y, en ulterior determinación, al Pleno de la Cámara de Diputados erigida como Jurado de Procedencia, no es sencillo e, inexorablemente, tiene una valoración política, pues para reunir la mayoría simple de los votos de los 500 diputados, son indispensables los acuerdos entre los grupos parlamentarios.

Sería impensable suponer que en la Fiscalía desconozcan esto. De ahí que la filtración sobre la supuesta aprehensión de Alejandro Armenta, a todas luces como maniobra para frenar su candidatura a la Cámara Alta, se antoja más como un intento de propaganda y no como realidad.

Sería una afrenta al Poder Legislativo Federal en su conjunto que la Fiscalía se pasara la ley por e arco del triunfo la ley y arrestara al ex priísta, a pesar de que sería una aprehensión ilegal.

Un argumento que se suele esgrimir es que, si el legislador en cuestión solicitó licencia, entonces perdió el cobijo de la inmunidad procesal que le otorga la Constitución.

Sin embargo hay antecedentes tangibles que contradicen ese supuesto.

Aunque se trata de personas, circunstancias y casos completamente distintos, me remitiré al desafuero de René Juvenal Bejarano Martínez en 2004, el que solicitó la Procuraduría capitalina por los delitos de promoción de conductas ilícitas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delito electoral.

Todos ellos desencadenados del escándalo en que se le vio, en un video, recibir dinero del empresario argentino Carlos Ahumada. Fue el primer caso, luego de 21 años de que no se llevaba a cabo un procedimiento así.

Bejarano era entonces asambleísta del DF y, en medio del escándalo, solicitó licencia a su curul, pero ni así perdió el fuero, por lo que fue necesario ir al procedimiento mencionado, que especifica la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que no ha tenido reformas desde el 31 de diciembre de 1982.

Así pues, Armenta tiene inmunidad procesal, además de que ha presentado argumentos atendibles en su defensa. Se trata, y no se puede ocultar, de un caso con aviesas intenciones.

Álvaro Ramírez Velasco