Fabián Robles Medrano
La problemática generada por la alta contaminación en el río Atoyac, no es nueva. Huelga decir que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le llevó la friolera de seis años documentar esa grave situación para que, finalmente en 2017, emitiera una recomendación en contra de los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, así como de varios municipios de ambas entidades y también de dependencias federales.
El común denominador que se encuentra en esa recomendación es la omisión en la que han incurrido desde hace tiempo las autoridades de todos los niveles. De eso han pasado cuatro años y prácticamente nada ha pasado, si bien es un problema nada fácil de resolver.
Pero ya decía que se trata de un problema añejo y, sin embargo, poco muy poco se ha hecho desde la parte oficial para atenderlo y solucionarlo; al contrario, la contaminación en ese cauce es cada día más grave.
Debido a la gravedad del problema y el desinterés de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en marzo de 2006 el Centro Fray Julián Garcés denunció los hechos ante el Tribunal Latinoamericano del Agua que ese año sesionó en la Ciudad de México.
En la denuncia, los inconformes consideraron que esa crisis de salud se debía a la presencia de sustancias tóxicas vertidas principalmente por KN de Oriente, propiedad de Kamel Nacif Borge por contar con plantas en la zona Puebla-Tlaxcala en la que se producían 300 mil pantalones de mezclilla diarios.
Aquella ocasión, Ángeles Valencia relató ante los jurados del Tribunal Latinoamericano del Agua, la forma en que su hija de ocho años perdió la vida, como resultado de la leucemia, en el año 2000.
En su testimonio, la madre de la víctima exigió a esa instancia -presidida entonces por Augusto Willemsen- “que se haga justicia por nuestros hijos, porque las empresas de Kamel Nacif los están envenenando”.
Los ocho jurados de Cuba, Guatemala, México, Brasil, Argentina y Francia –que sesionaron como parte de las actividades alternas al Cuarto Foro Mundial del Agua- resolvieron 14 casos de conflictos hídricos en América Latina, incluido el de la contaminación en el cauce del río Atoyac-Zahuapan.
Sobre el particular, determinaron que KN de Oriente no era la única que contaminaba ese río y exhortaron a las autoridades locales, estatales y federales a "exigir" a las empresas de la zona a responder ética y jurídicamente para evitar males mayores.
La cubana Selma Díaz, secretaria del jurado, informó en su oportunidad que a raíz de las denuncias sobre evidencias de casos de anemia, leucemia y trombocitopenia entre los habitantes del cauce, se determinó la responsabilidad no sólo de la empresa del rey de la mezclilla, sino también de otras 50 más que realizan una actividad semejante.
Como era de esperarse, en su momento Kamel Nacif Borge –amigo de personajes influyentes en el mundo de la política y la clase empresarial mexicana- rechazó las imputaciones y, por si fuera poco, sostuvo que éstas “afectan a una empresa socialmente responsable”.
La defensa del rey de la mezclilla estuvo a cargo del abogado Leopoldo Burguete Stanek quien, sin desdoro alguno, consideró “infundada, imprudente y temeraria” la demanda contra su cliente.
El litigante minimizó las pruebas –resultados de varias investigaciones, videos y notas periodísticas- del Centro Fray Julián Garcés, al considerarlas “totalmente ineficaces e inverosímiles”, con las que pretenden “afectar de manera dolosa a Textiles KN de Oriente, a sabiendas de que la supuesta contaminación es provocada por otras empresas”.
En la contestación a la demanda, Burguete Stanek pidió al Tribunal Latinoamericano del Agua “no consentir que sea utilizado para satisfacer intereses particulares ilegítimos, basados en argumentos falsos y en pruebas cuyo valor probatorio es nulo, cuya difusión podría causarle a la empresa su deshonra, el descrédito, diversos perjuicios y exponerla al desprecio de la sociedad”.
De aquél proceso iniciado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, ya transcurrieron varios años sin que hasta la fecha las autoridades de los tres niveles de gobierno se preocupen por atender el fallo ético de esa instancia internacional.
Lo mismo, tal parece, ha ocurrido con la recomendación de la CNDH dada a conocer, precisamente, un 22 de marzo (Día Mundial del Agua) de 2017. Falta voluntad política, dicen investigadores del Conacyt, quienes claman porque sus trabajos tengan eco y alguien los escuche.