La Fuente escribe Fabián Robles
Su nombre es Karla Romero Tezmol. Su media filiación refiere que mide 1 metro con 40 centímetros; su tez, morena clara; ojos medianos, café oscuro; su cabello es lacio y negro; y como seña particular tiene una cicatriz en la ceja izquierda. Desde el 13 de enero de 2016 está desaparecida. El tiempo ha pasado y a la fecha no se sabe nada de ella.
La mañana de ese funesto día, la niña –que entonces contaba con 11 años de edad- salió del domicilio de sus padres en San Pablo del Monte para dirigirse a la escuela, a donde ya no llegó. Sobre su desaparición hay varias versiones extraoficiales.
Desde aquella fecha, sus familiares viven un dolor indescriptible en presente perpetuo, acentuado porque las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en lugar de brindarles apoyo como lo ameritaba la situación, los revictimizaron una y otra vez.
Es inconcebible que quienes en ese momento laboraban en la Procuraduría, iniciando por la propia titular Alicia Fragoso Sánchez, incurrieron en una serie de conductas cuestionables, como si la intención hubiera sido entorpecer las investigaciones para no localizar a Karla nunca más.
Muestra de ese ominoso proceder fue la prohibición que hizo la propia dependencia para que los familiares, en su momento, difundieran la fotografía de la niña “para no obstaculizar el trabajo de las autoridades” (sic). Paradójicamente, fue la propia autoridad la que obstaculizó las indagatorias.
Por ese rosario de conductas violatorias a los derechos humanos en agravio de cuatro personas y al interés superior de la niñez, atribuibles a servidores públicos, desde hace dos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación contra el gobierno encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez.
A la fecha nada se sabe de los avances –si es que los hay- que lleva la Procuraduría General de Justicia del Estado para cumplir esa recomendación y continuar con la integración y perfeccionamiento de la indagatoria respectiva para que se practiquen las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, a efecto de continuar con la búsqueda y localización de Karla y determinar, en su caso, la probable responsabilidad penal que corresponda.
Esta recomendación es uno de tantos pasos, pero insuficiente mientras Karla no aparezca sana y salva y regrese al lugar de donde fue arrancada.
La desaparición de Karla nos lleva a recordar la brutal realidad por la que atraviesa el país, pues casos como el de ella suman miles, de quienes nada se sabe y tampoco hay responsables.
Otro caso que duele a la sociedad es el de Daniela Muñoz, de quien tampoco nada se sabe después de muchos meses. Sus familiares y amigos siguen incansables su búsqueda y mantienen viva su exigencia de justicia.
La joven maestra –de apenas 25 años- salió a comer con su “amigo” Álvaro N., y desde el 13 de septiembre de 2020 nada se sabe de ella.
Álvaro N., está detenido como principal sospechoso: fue detenido el 10 de octubre del año pasado, tras ser ubicado en un domicilio del Estado de México en el que se ocultaba.
Para los familiares de Daniela, la indagatoria no avanza. La angustia crece en medio de un gran dolor.
FEMINICIDIOS, PALABRA PROHIBIDA PARA LAS AUTORIDADES
Como cada gota de su sangre derramada, así han ocurrido de 1999 a la fecha uno a uno de los homicidios de más de 200 mujeres tlaxcaltecas, la mayoría de los cuales aún no han sido resueltos. El manto de la impunidad cubre cada uno de esos casos.
Entre ellos figuran lo mismo crímenes perpetrados contra desconocidas, amas de casa, trabajadoras sexuales o estudiantes, que el de Margarita Cisneros Fernández, hermana de Joaquín, ex candidato priista al gobierno del estado, y madre de la actual abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuéllar.
Sin embargo, la cifra de crímenes puede ser mayor, según diversas organizaciones no gubernamentales.
Desde hace años, quienes dirigen estas agrupaciones, tanto en el ámbito local como nacional, coinciden en señalar que se trata de feminicidios, pero las autoridades se niegan a aceptarlo. El adjetivo les causa escozor y eso que desde marzo de 2012 se tipificó este delito en el Código Penal del estado.
Ya desde tiempo atrás, incluso antes de que se modificara el Código referido, la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir alertó sobre el aumento de crímenes en agravio de mujeres, y sin ambages consideró que se trata de feminicidios.
Desde la óptica de esa agrupación “un feminicidio ocurre cuando se presentan homicidios de mujeres de manera violenta, en los que se refleja el odio y la misoginia de los hombres hacia este sector”.
Las investigadoras Jill Radford y Diana Russell –autoras del libro “Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres”- definen que “en el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas, o sea que pueden considerarse crímenes de odio contra el llamado sexo débil”.
Las mismas investigadoras afirman que “para que se dé el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento”.
Por eso es que la indignación social contra las autoridades –tanto las de la Procuraduría General, como las del Poder Judicial- crece a diario: muchos de esos crímenes siguen impunes y así seguirán quién sabe por cuánto tiempo, desafortunadamente.
El caso más reciente es la liberación de uno de los implicados en el secuestro y homicidio de la exregidora de Calpulalpan.
Semanas atrás, familiares de esa joven mujer se quejaron de la revictimización que han sido objeto por servidores del Poder Judicial. Pero no sólo eso: en una misiva enviada al Congreso local alertaron que los responsables de ese crimen serían puestos en libertad.
Sus sospechas estaban bien fundadas y por eso lo advirtieron. Para su desgracia –y, por qué no decirlo, también de la sociedad toda- tenían razón: uno de los detenidos ya quedó libre.
Nadie les hizo caso. NADIE.
@farotlax