La Fuente escribe Fabián Robles
En vísperas de la elección más grande en la historia del país, la violencia contra personajes vinculados a la política ha mostrado una escalada durante los últimos días en prácticamente todos los estados de la república.
Según la consultora Etellekt “el proceso electoral federal concurrente de 2021 es ya el segundo más violento desde el año 2000. El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5% superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015; mientras que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64% las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia”.
La consultora registra una veintena de actos violentos, a saber: amenazas (147, es decir las más recurrentes), homicidios dolosos, infracciones contra la dignidad, robo con o sin violencia, atentados contra familiares, daño a la propiedad, privación ilegal de la libertad, ataques contra colaboradores, intimidación por servidores públicos, homicidio en grado de tentativa, despojo de oficinas, lesiones, privación ilegal de la libertad tentativa, daño moral, violación a la intimidad (hackeo), extorsión, robo de identidad, violencia familiar, delitos sexuales y bloqueo de instalaciones.
El blanco de esos ataques han sido lo mismo aspirantes a algún puesto de elección popular o personas relacionadas con ellos (simpatizantes y hasta familiares). El saldo, hasta la semana pasada, era de 83 muertos en atentados, 32 de ellos aspirantes –seis mujeres- a un cargo.
Si bien Tlaxcala no aparece en el mapeo realizado por la consultora, eso no quiere decir que aquí no ocurra nada. Al contrario, ha habido varios casos que no han trascendido, o peor aún: han sido minimizados.
La semana pasada en diversos puntos aparecieron tres mantas con amenazas directas hacia la candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca. Los hechos fueron registrados por las cámaras de video-vigilancia de la autopista San Martín-Tlaxcala.
Hasta ahora no se sabe si las autoridades respectivas ya tienen algún indicio de quien o quienes fueron los responsables; es más, se ignora si hay alguna denuncia de por medio.
Fuentes policiacas consultadas por este reportero develaron que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene registradas cinco denuncias relacionadas con agresiones en contra de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Sin embargo, los datos concretos se mantienen en secrecía “para no entorpecer las investigaciones”.
Entre esos casos, según se sabe de manera extraoficial, se encuentran el de un supuesto atentado contra una candidata de Tzompantepec y otro más en agravio presuntamente de un abanderado de San Pablo del Monte.
Otro asunto es el del robo con violencia de una camioneta propiedad de la candidata panista a la presidencia municipal de Tlaxcala, Claudia Pérez.
Según las fuentes consultadas por este reportero, la Procuraduría investiga para determinar si esos hechos violentos están relacionados o no con la actividad político-electoral de las presuntas víctimas.
Las indagatorias permitirán deslindar responsabilidades y, en todo caso, sancionar a quien resulte culpable, aunque el esclarecimiento de esos casos no será pronto.
Pero no todo queda ahí. Al menos una de las siete personas que aspiran a la titularidad del Ejecutivo local tiene miedo de que esos actos lleguen a más, por eso en la semana que inicia pedirá seguridad personal a la Guardia Nacional.
El nombre se mantiene en reserva por su integridad, pero su temor se funda en un par de actos intimidatorios que le ha tocado enfrentar –afortunadamente sin consecuencia alguna- en sus recorridos por los municipios de Tenancingo e Ixtacuixtla; el primero, cuna del lenocinio, y el otro donde las bandas dedicadas al huachicol han sentado sus reales.
La propia experiencia de esa persona le indica que, además de ese par de municipios, otras plazas que se consideran “calientes” por el actuar de las bandas delincuenciales, son El Carmen Tequexquitla y Apizaco, así como algunas de municipios del sur colindantes con Puebla.
Hasta ahora, el caso más grave es el registrado a finales de noviembre pasado cuando un comando armado ingresó al domicilio particular de la entonces presidenta municipal Anabell Ávalos Zempoalteca.
El 24 de noviembre, día de los hechos, la ahora aspirante al gobierno del estado, trabajaba junto con su equipo en la elaboración de su cuarto informe de actividades al frente de la presidencia municipal capitalina, cuando fueron sorprendidos y sometidos por varios sujetos provistos con armas largas.
Los delincuentes despojaron a las 16 personas que ahí se encontraban de sus celulares, carteras y algunas otras pertenencias de valor que, después de la irrupción en ese domicilio, tiraron en calles aledañas, en lo que fue considerado como un acto de intimidación.
Aquél día, en esa reunión de trabajo participaba Maximino Hernández Pulido, director de seguridad pública municipal.
Lo sorprendente del actuar de este último personaje es que estaba desarmado y no se hacía acompañar por ningún otro efectivo, algo inverosímil e inaceptable para quien en ese momento tenía una alta responsabilidad.
Sin desdoro alguno, Maximino Hernández continuó en el cargo hasta hace algunas semanas cuando renunció de manera sorpresiva. Se fue de la corporación y ahora se ha sumado a la causa de Lorena Cuéllar Cisneros, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala.
El viraje en la conducta de dicho personaje –quien tenía aspiraciones políticas- dejó más que un mal sabor de boca a Anabell Ávalos quien, incluso, lo defendió a ultranza tras el asalto a su domicilio, pese a que muchas voces exigían que lo despidiera por su irresponsabilidad. Al final no fue necesario echarlo; él solo se fue de donde nunca estuvo comprometido.
“La violencia política representa no sólo un atentado a la democracia, compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios, lo que a mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas, que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos”, colige Etellekt.
“Al final del camino, cuando se haga el corte de caja después de la jornada electoral, será obligación de la autoridad averiguar quiénes se beneficiaron electoralmente de esta violencia, así como esclarecer los móviles y la autoría material e intelectual de estos atentados; y de haber políticos o candidatos inmiscuidos, hacer justicia tanto en la parte penal como electoral, haciendo valer los mecanismos jurídicos disponibles como la solicitud del juicio de procedencia, para llevar ante la justicia a quienes hayan accedido a un puesto de elección mediante prácticas violentas dirigidas a sus adversarios”, según la consultora.
@farotlax