La Fuente escribe Fabián Robles
Uno de los muchos y graves problemas que heredará el priista Marco Antonio Mena Rodríguez a la futura gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros es el de la quiebra de Pensiones Civiles de Tlaxcala.
Ya el pasado 16 de mayo, en el segundo debate entre quienes aspiraban a la gubernatura del estado, la morenista puso sobre la mesa tan escandaloso tema: el organismo enfrenta un déficit de 19 mil millones de pesos, casi la totalidad del presupuesto anual para todo el estado.
Ante la política de austeridad que ya desde ahora anticipa Lorena Cuéllar en su administración, enfrentar la crisis de ese organismo le representará algo más que un simple dolor de cabeza.
Requerirá de una profunda reingeniería financiera para evitar que esa bomba le estalle en las manos, pero también estará obligada –a través de las instancias correspondientes- a deslindar responsabilidades y, en su caso, a sancionar a los culpables de ese enorme socavón económico que compromete las finanzas estatales.
Mucho tendrá que decir sobre el porqué de la quiebra del organismo su actual titular Roberto Carlos Morán Pérez, quien estaría en capilla por supuesto enriquecimiento ilícito, según lo que dicen jubilados y pensionados que están dispuestos a llevar el caso hasta la Unidad de Inteligencia Financiera.
En descargo del funcionario menista, quizá valga la pena decir que el problema financiero de Pensiones Civiles de Tlaxcala, no es nuevo. Se arrastra de años atrás, merced a un cúmulo de excesos y omisiones.
Hace casi una década, integrantes del Consejo de Pensiones Civiles de Tlaxcala (PCT), ya daban cuenta de la difícil situación financiera de la institución que desde el año 2005 se encontraba en quiebra técnica porque su gasto pasó de 50 millones de pesos en el año 2000 a 200 millones en 2012, mientras las aportaciones de los trabajadores fueron pírricas e insuficientes para mantenerle a flote.
El director del organismo Ernesto Ordóñez Carrera –convertido ahora en uno de los principales operadores políticos de la candidata de Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos- proyectó en su momento que al cierre del ejercicio fiscal del año 2012 el déficit sería de 95.6 millones de pesos.
Según archivos de este reportero, ese año el entonces secretario de Finanzas del estado, Ricardo García Portilla, ya advertía sobre un panorama financiero catastrófico en el organismo.
Por aquél entonces, el funcionario proyectaba un déficit de más de 22 mil millones de pesos para la siguiente década, es decir para 2022.
Otro de los archivos consultados para contextualizar este asunto y entender la magnitud del problema, data de principios de julio de 2009.
Por ese entonces, la Sección 55 del SNTE dio cuenta de un déficit de al menos 53 millones de pesos, más 278 adeudos de créditos mayores a 230 mil pesos (que se tradujeron en más de 64 millones de pesos por recuperar) y facturas por pagar con proveedores por más de 10 millones de pesos.
También por aquélla época, Juan Salazar García, quien fungía como delegado de jubilados y pensionados del SNTE, exigió que el entonces director de Pensiones Civiles,
Reyes Ruiz Peña, diera a conocer la lista de deudores, en la que se encontraban varios exfuncionarios.
El único dato conseguido fue que ese grupo estaba nutrido por 278 deudores, cada uno de los cuales debía más de 230 mil pesos.
Los nombres no se los dieron a conocer so pretexto de tratarse de información reservada.
La negativa fue interpretada más bien como un acto de encubrimiento a favor de muchos políticos.
@farotlax