Fabián Robles
Durante los siguientes dos meses se vivirán momentos interesantes en la vida política del estado merced a un par de asuntos torales: la aprobación o reprobación de las cuentas públicas de los ayuntamientos correspondientes a 2020, y los procesos de entrega-recepción entre las autoridades municipales entrantes y salientes.
En el primer caso mucho habrá de influir el papel de quienes integran la LXIII Legislatura, pues en sus manos –o mejor dicho en su dedo flamígero- tienen el voto que salvará a sus amigos o enviará a la hoguera a sus adversarios políticos.
Tampoco será extraño que las diputadas y diputados, ya en el pleno, cambien el sentido de los resultados del trabajo elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), según sus intereses políticos y económicos. Nada distinto a lo ocurrido en otros años.
Ya desde ahora en los corrillos del recinto legislativo se habla de la posibilidad de que las cuentas públicas de más de 20 ayuntamientos sean reprobadas por el cúmulo de anomalías en el manejo del erario durante 2020.
El ejercicio referido mostrará, entonces, el talante con el que han regresado a sus curules hombres y mujeres que en su mayoría abandonaron su responsabilidad legislativa durante unos meses en pos de un nuevo cargo de elección popular…y fracasaron.
Pronto se verá si ellas y ellos volvieron con la espada desenvainada al recinto de la calle Allende en la capital tlaxcalteca, no en busca de quien se las hizo, sino de quién se las pague.
Se dice que en capilla se encontrarían, entre otros, los estados financieros de municipios importantes como son Tlaxcala, Huamantla, Apizaco y Zacatelco.
Un caso que mucho llamará la atención será el de San Damián Texoloc, donde gobierna Maribel Cervantes, quien heredará el cargo a su hijo Arturo –triunfador de los comicios del 6 de junio, postulado por el Partido del Trabajo- y madre también del ahora diputado reelecto Miguel Ángel Covarrubias.
Entre los homólogos de este último hay muchos resentidos y enojados porque al fin se dieron cuenta que ese hombre fue el único que, política y electoralmente, sacó provecho del llamado “fondo moches” para saciar sus aspiraciones reeleccionistas, mientras los otros ilusos se quedaron con las ganas de seguir viviendo del erario.
Se sabe que más de un diputado quiere cobrar venganza contra el oriundo de San Damián Texoloc, y ahora sí están dispuestos a no dejar pasar ninguna anomalía de las cuentas públicas de la alcaldesa Maribel Cervantes.
Ya en 2019 los legisladores fingieron miopía y avalaron los estados financieros de ese ayuntamiento, pese a que el OFS documentó la compra de ganado enfermo y a sobreprecios, y la adquisición de calentadores solares a una empresa fantasma.
El otro factor a considerar es que en muchos municipios habrá autoridades de distinto signo político al que hoy gobierna, y bajo su responsabilidad quedará el actuar en contra de sus antecesores –si es que hay motivos para hacerlo- o en convertirse en sus tapaderas.
Al menos en el discurso, las próximas autoridades donde habrá “alternancia” hablan de no solapar la más mínima irregularidad, conscientes de que si toleran cualquier acto de corrupción el pueblo sabio se les echará encima.
Uno de esos casos es el del municipio capitalino. El morenista Jorge Corichi Fragoso –comprometido con la bandera anticorrupción que enarbola la 4T- ya habla de posibles anomalías, tanto en el ayuntamiento, como en la comisión de agua potable, y dice estar dispuesto a presentar las denuncias que sean necesarias.
En Huamantla la situación no pinta distinta. El bisoño pevemista Salvador Santos tiene el compromiso de destapar la cloaca de los excesos cometidos por el priista Jorge Sánchez Jasso y su parentela durante los últimos cuatro años y medio. Tiene mucha tela de dónde cortar.
Otra papa caliente está en las cuentas de Xicohtzinco, donde un grupo de inconformes con los resultados de los comicios del 6 de junio -a quienes de forma por demás curiosa se han unido regidores electos-, exigen auditar a la administración saliente y que sea depuesto ipso facto el edil José Isabel Badillo Jaramillo, debido a los malos manejos en que supuestamente ha incurrido.
En medio de todo eso está el ineficiente y cuestionado papel de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de las autoridades en materia anticorrupción, ya que en todos estos años no han sido capaces de llevar tras las rejas a ningún expresidente municipal, pese a las anomalías detectadas por el OFS en el manejo del erario y al cúmulo de denuncias penales que duermen el sueño de los (in)justos.