La Fuente escribe Fabián Robles
Sin autoridad moral alguna, quienes integran la LXIII Legislatura local pretendieron hacer las veces de tribunal de la Santa Inquisición y condenar a la hoguera al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Fernando Bernal Salazar por una quinteta de “temas relacionados con el ejercicio de su función”.
El magistrado fue citado a comparecer en sesión privada el pasado viernes por la mañana. Al aprobar ese acuerdo, las diputadas y los diputados mostraron su talante leguleyo y exigieron al togado que les rindiera un “informe con toda veracidad”, como si ellos tuviesen la verdad absoluta.
Sobre la espalda del togado pesaban señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción, violación a diversos ordenamientos legales (incluida la misma Constitución), excesos en el manejo presupuestal, nombramientos “hechos a modo”, y también por generar inestabilidad e incertidumbre en las instituciones, concretamente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Concluida la comparecencia, considerada como un ejercicio de “transparencia, diligencia y respeto”, el maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) salió ufano y victorioso.
Y cómo no estarlo si de cada uno de los cinco temas en los que le exigieron “conducirse con verdad” expuso eso: “su” verdad, más que suficiente para desvirtuar las suspicacias de los inquilinos e inquilinas de Palacio Legislativo.
Diputados consultados por este reportero, a condición de no desvelar sus nombres, dijeron que quedaron “ampliamente satisfechos con la explicación del magistrado, quien nos aclaró las dudas que teníamos sobre su actuar”.
Justificó la admisión a trámite de dos demandas de juicio de Protección Constitucional -consideradas por el Legislativo como improcedentes-, una relacionada con la designación de magistrados; y la otra concedida al ahora exbomdusman local Víctor Manuel Cid del Prado Pineda para que permaneciera en el cargo.
Sobre el aumento “desproporcionado” de la plantilla de trabajadores del Poder Judicial entre los ejercicios 2020 y 2021 –en ese lapso fueron contratadas más de 120 personas- el presidente magistrado dijo que obedeció, entre otros factores, a la necesidad de contar en plena pandemia con personas que atendieran de manera electrónica a los justiciables.
Con relación a la duda de legisladores por el manejo de recursos del primer ajuste trimestral de 2020, expuso que el dinero fue utilizado para pagar indemnizaciones y laudos que ya estaban a punto de causar embargos.
Respecto del “presunto acto de corrupción por el nombramiento o contratación temporal indebida del juez Alejandro Pereda Vega”, el licenciado en Derecho dijo que fue debido a que el titular goza de licencia médica, además de que cuenta con más de 20 años de servicio en el Poder Judicial “y tiene experiencia”.
También desestimó el señalamiento de los diputados respecto a que, en fechas recientes, ese juez fue acusado “por su falta de pericia, perfil e idoneidad en la función judicial en perjuicio de los justiciables”.
De “la indebida integración del Consejo de la Judicatura a partir del nombramiento de Leonel Ramírez Zamora”, el titular del Poder Judicial hizo las veces de Poncio Pilatos y afirmó que esa es una facultad del gobernador, así como su permanencia e incluso ratificación.
En este caso el cuestionamiento obedece a que al momento de su nombramiento Leonel Ramírez no contaba con la cédula profesional con una antigüedad de 10 años, lo que representa una violación flagrante a la Carta Magna, a la Constitución Política del Estado, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
De lo anterior se colige que, por acción y omisión, o quizás por ambas, tanto Marco Antonio Mena Rodríguez como el mismo Fernando Bernal Salazar –y ni qué decir que el cuestionado integrante del Consejo de la Judicatura- son cómplices al consentir una situación ilegal, a sabiendas de ello.
Si en un asunto como ese los tres personajes referidos –el gobernador, el presidente del TSJ y el propio Leonel Ramírez- no respetaron los ordenamientos legales, que se supone juramentan al asumir sus cargos, ¿qué se puede esperar de su desempeño? ¿En cuántos casos más han violentado las leyes sin desdoro alguno y sin consecuencias?
El asunto de no contar con cédula profesional –según los requisitos para ocupar el cargo podría ser considerado por muchos como peccata minuta. Habrá quien diga que eso no influye en el desempeño de semejante responsabilidad.
Sin embargo, no es así.
Hace algunos años, en el pasado sexenio priista, la entonces procuradora Alicia Fragoso Sánchez toleró que un abogado prestara sus servicios como defensor de oficio -quién sabe durante cuánto tiempo- sin contar con ese documento.
Lo grave de ello es que, precisamente por culpa de ese “abogado” -quien a sabiendas de su ilegal conducta, se atrevió a llevar el caso de un secuestro-, todo un procedimiento legal se vino abajo y una mujer –confesa de haber participado en el plagio de un hombre de Huamantla- quedó en libertad.
Pero retomemos el caso de Leonel Ramírez, quien a todas luces resultó beneficiado por el amiguismo y la imposición de Marco Antonio Mena, quien no tuvo empacho alguno en nombrar a ese hombre como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura.
El currículo del cuestionado “abogado” dice que es licenciado en Derecho “por acuerdos secretariales 286, 328 y 357” de la SEP. Su cédula profesional data del año 2012, según el Registro Nacional de Profesionistas; es decir, al 5 de marzo de 2020 cuando fue designado para ese cargo apenas sumaba ocho años de contar con el documento referido, por lo que el nombramiento era a todas luces improcedente e ilegal.
Eso no le importó al gobernador de Tlaxcala, quien no pudo cumplirle a su exempleado el sueño de ser magistrado; en cambio, Ramírez Zamora permanecerá como consejero hasta febrero de 2023, con un jugoso sueldo.
Con ello, Marco Antonio Mena terminó de premiar las lealtades de quien en la administración estatal que está en el ocaso, lo mismo fungió como jefe del departamento de asuntos jurídicos y legales de la Secoduvi, que secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad.
Cómo olvidar que Leonel Ramírez fue representante electoral del PRI en los comicios aquellos cuando el entonces neopriista Rafael Ortega Blancas –hoy legislador local morenista, acusado de traicionar la causa de la gobernadora electa Lorena Cuéllar- había ganado con siete votos los comicios a presidente municipal de Apizaco al panista Jorge Luis Vázquez (por cierto, responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico en el gobierno menista).
@farotlax