La Fuente escribe Fabián Robles
Todo era cuestión de tiempo para que el clima de inseguridad e impunidad que priva en Tlaxcala desembocara en la muerte (otra más) de alguien a manos de una turba sedienta de justicia que actúa en autodefensa ante el desdén de las autoridades.
Ocurrió la tarde de este lunes 19 de julio, allá en San Diego Xocoyucan, municipio de Ixtacuixtla: pobladores golpearon a un hombre originario de Guerrero, acusado de ladrón y a quien pretendían quemar.
La policía rescató a ese sujeto de 25 años de edad, y lo trasladó al hospital comunitario del lugar con un hálito de vida, merced a la golpiza recibida, y al cabo de diez minutos feneció.
El hecho que antecede a lo ocurrido en San Diego Xocoyucan se suscitó entre los últimos minutos del sábado 17 y los primeros del domingo 18: otro hombre fue detenido cuando intentaba robar un auto en Xaloztoc, atado a un poste, golpeado y herido en una pierna con arma punzocortante.
Durante los últimos 30 días, en cuatro distintos puntos del estado, ya se habían presentado igual número de conatos de linchamiento en contra de gente que, a decir de los afectados, fue sorprendida al momento de delinquir. Todo quedó en severas golpizas contra los presuntos responsables.
Esas señales de alerta fueron ignoradas por las autoridades.
El común denominador en todos esos casos fue el hartazgo de los pobladores ante la inseguridad, y sobre todo por la inacción e ineficacia de las fuerzas policiales para frenar los actos delictivos que tanto agravian a la sociedad.
“No hay policías suficientes y ya no hacen rondines, ya no patrullan por las calles”, es la queja constante de una sociedad ávida de paz y tranquilidad que, paradójicamente, encuentra en la Ley del Talión su única alternativa para hacer justicia a su modo.
Que conste: no se trata de justificar esos actos de barbarie, pero huelga decir que sólo quien ha sido víctima de un acto delincuencial sabe el dolor, el daño y las secuelas que genera una malhadada vivencia de ese tipo.
Tampoco se debe soslayar que, en muchos casos, el pueblo sabio se conforma con darle un escarmiento a quienes delinquen y ya, no presentan las denuncias correspondientes, y eso es caldo de cultivo para que prive la impunidad.
En un estudio realizado en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció que “las expresiones de violencia colectiva o linchamientos ilustran la falta de capacidades del Estado para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el control sobre el territorio, garantizando la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas, que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad”.
“Los linchamientos, en su gran mayoría, -refiere el organismo- buscan como fin último expresado por sus protagonistas directos, la atención y solución al problema de la inseguridad ciudadana, aunque en realidad constituyan actos de desprecio y descalificación hacia las autoridades y la vigencia del Estado de Derecho.
“Bajo ningún supuesto es posible legitimar la violencia ejercida de este modo, ni asumirla como forma de protección personal y colectiva. Los linchamientos son actos ilícitos, que debilitan las instituciones democráticas, violentan derechos humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma.
“Al ser actos contrarios a las normas, las autoridades deberían actuar para prevenir e investigar diligentemente los casos que se presenten, aplicando las consecuencias que en derecho procedan a los responsables de los mismos. Sin embargo, la realidad nos arroja otros datos, conforme a los cuales es un fenómeno que lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida, que frecuentemente pareciera querer ser ignorado, y del cual no existen registros específicos y detallados”, apunta la CNDH.
En este contexto, la gobernadora electa Lorena Cuéllar Cisneros se ha comprometido en regresar a Tlaxcala a los dos primeros lugares más seguros de la república.
El reto es grande, sobre todo si se toma en cuenta que la violencia y la inseguridad no son más que síntomas de una severa crisis de autoridad.
Más allá del discurso oficial, lo que la población anhela es que esas promesas se conviertan en hechos. Verborrea hay tanta, como tantos hechos delictivos impunes.
@farotlax