La Fuente por Fabián Robles
Con el tiempo encima y también con un escenario preocupante por la tercera ola de la pandemia desatada por la Covid-19, las autoridades de Tlaxcala se han limitado a propalar el discurso de que el regreso a clases presenciales en agosto próximo “será seguro” y que no se pondrá en riesgo a nadie.
El quid del asunto es que hasta ahora nadie ha dicho cómo será el retorno a las aulas ni qué se hará para garantizar la salud de alumnos, padres de familia, directivos, docentes, administrativos y personal de intendencia.
Tampoco se sabe cuál es el estado que guarda la infraestructura educativa de toda la entidad. Más de un año han estado cerrados los planteles y, sin duda alguna, requieren mantenimiento antes de que vuelvan a abrir sus puertas. No sólo eso, se ignora cuántos más tendrán que ser equipados de manera urgente, tras ser blanco de la delincuencia.
La falta de información, clara y precisa, preocupa ya a los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes no están dispuestos a arriesgar a ninguno de sus agremiados, sobre todo cuando ya hay contagios de las nuevas variantes del coronavirus entre la población de varios estados.
Las bajas entre las filas de los docentes tlaxcaltecas suman aproximadamente 80, aún sin actividad escolar. Por eso no quieren arriesgarse a que el número de víctimas mortales aumente con una mayor movilidad. Eso lo sabe bien el propio líder de la Sección 31, Demetrio Rivas, quien enfermó de ese mal y tuvo la fortuna de recuperarse.
La misma preocupación es compartida por los padres de familia. Entrevistado por la colega Guadalupe de la Luz, el dirigente de la asociación estatal, Florencio López
Quiroz, ratificó su decisión de no regresar a las aulas “hasta que las condiciones sanitarias sean las propicias”. Lo peor, dice, es que las autoridades del sector ni siquiera los han convocado para hablar sobre el tema.
Las carencias que enfrentan muchos planteles, sobre todo en lo que se refiere al abasto de agua potable para el lavado constante de manos, también llama la atención de los padres de familia, así como el abasto de gel antibacterial, cubrebocas, tapetes sanitizantes, termómetros, etc.
Mucha gente, golpeada severamente en su economía por la pandemia, no tiene recursos para sufragar los gastos que supone la compra de esos insumos para sus hijos.
Hasta ahora, ninguno de los dos hermanos Lima Morales –René, quien cobra como secretario de Salud; ni Roberto, quien hace lo propio como titular del sector educativo en Tlaxcala- se han preocupado y ocupado del tema. Al menos no han dado a conocer la estrategia a seguir, de ahí la angustia de dirigentes magisteriales y padres de familia.
Si la actitud silente de ambos funcionarios es cuestionable, no es menor la del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, al parecer más ocupado en preparar la visita presidencial del próximo viernes y de su último informe de labores previsto para mediados de agosto.
Todo indica que el priista no cuenta los días transcurridos de su administración, sino los que faltan para que entregue la estafeta a Lorena Cuéllar Cisneros. Al fin y al cabo a la morenista le corresponderá cargar con la determinación de regresar o no a clases presenciales a partir de agosto.
Para bien o para mal, ella tendrá que cargar con el costo político de la vuelta a las aulas que se dará, en todo caso, en los albores de su sexenio. Y, sobre todo, correrá con la gran responsabilidad de evitar o no el riesgo de los eventuales contagios que se puedan presentar ya con clases presenciales.
El asunto no es sencillo: se trata de la salud de miles de personas, y no sólo de acatar una decisión presidencial.
@farotlax