La fuente escribe Fabián Robles
José Aarón Pérez Carro dejó de cobrar como secretario de Gobierno. Su renuncia al cargo se hizo efectiva a partir del lunes 16 de agosto, después de ostentar el cargo por más de 37 meses y a dos semanas de culminar la presente administración estatal.
Su salida –reportó este martes el colega Moisés Morales en El Sol de Tlaxcala- se dio de manera sigilosa “por motivos personales y profesionales”.
La dimisión no mereció palabra alguna de su jefe el gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez, ni siquiera en su cuenta personal de Twitter como acostumbra.
Tampoco hubo comunicado alguno del área de prensa en la que cobra como titular el poblano Carlos Alberto Villanueva Vera.
La actitud silente de la administración estatal evidencia una vez más que la táctica del avestruz es su preferida para no dar de qué hablar y evitar cualquier cuestionamiento. Así ha sido durante los últimos meses frente a los problemas que vive la entidad.
José Aarón Pérez Carro –hermano del folclórico Margarito, en tiempos idos dirigente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI- se va de la Secretaría de Gobierno en medio de cuestionamientos por su incapacidad para resolver un cúmulo de conflictos sociales durante los últimos tres años.
Muestra de su talante displicente se vio en los cierres de carreteras –cuatro para ser precisos- en distintos puntos de la entidad durante la última semana: como responsable de la gobernabilidad en el estado nada hizo para atemperar los ánimos de los grupos inconformes y atender sus demandas.
Tampoco hizo mucho en el bloqueo que durante dos meses mantuvieron habitantes de Xicohtzinco en la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura de la cabecera municipal, inconformes con los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio y con la administración del edil saliente.
Su indolencia en todos esos casos afectó directa e indirectamente a miles de personas, sin consecuencia alguna.
José Aarón es uno de esos tlaxcaltecas que, desde joven, dejó el terruño para ir en pos de mejores oportunidades de vida. Su hoja de servicios dice que es licenciado en derecho por la máxima casa de estudios de la entidad y que su carrera la inició en 1998 como agente del ministerio público federal.
Fuera de la patria chica labró una prolífica carrera en la ahora extinta Procuraduría General de la República, donde el último encargo que tuvo fue como director general con adscripción a la Dirección General (sic) de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada.
A esa encomienda renunció cuando Marco Antonio Mena Rodríguez lo impuso como procurador, cargo del que saltó a secretario de Gobierno el 9 de julio de 2018, en sustitución de Anabel Alvarado Varela, quien dejó el puesto para ir en pos de una senaduría que al final no consiguió. A ellos los antecedió el veterano Tito Cervantes Zepeda.
En su momento, el retorno de Pérez Carro a Tlaxcala generó mucho revuelo, no tanto por su palmarés profesional, sino porque tuvo en sus manos las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, y no dio resultados, por lo que a mediados de 2016 fue removido como titular de la oficina de investigación del caso Iguala; sí, de ese lamentable hecho del 26 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron 43 alumnos de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
El tlaxcalteca fue relevado de esa encomienda en medio de un alud de críticas por los yerros cometidos durante la investigación de este caso que sigue sin esclarecerse y que tuvo uno de sus episodios más controversiales cuando el entonces procurador Jesús Murillo Karam se inventó su tristemente célebre “verdad histórica”.
La participación de José Aarón al frente de esas investigaciones, como la de muchos otros que han participado en las mismas, dejó muchas dudas entre los padres de los estudiantes; incluso, nunca tuvieron información fidedigna, confiable, del por qué fue removido del cargo.
Tras el relevo del paisano, los medios de comunicación consignaron voces de los padres y sus abogados en el sentido de que el cambio generó suspicacias en la actuación de la PGR en esta indagatoria.
A principios de junio de 2016, en conferencia de prensa al concluir la reunión que mantuvieron con la entonces titular de la dependencia, Arely Gómez, los padres de los 43 confirmaron que de acuerdo con la procuradora, Pérez Carro había dejado el cargo por motivos de salud.
Sin embargo, en la nota que al respecto presentó Grupo Fórmula, los padres “señalaron que nunca notaron alguna enfermedad en él, pero sí se percataron que mostraba tensión ante las solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en la investigación”.
En esa misma pieza periodística los deudos de los estudiantes refirieron que José Aarón Pérez Carro había sido separado del caso desde mayo de 2016 por el gobierno federal y a ellos les notificaron del relevo hasta junio, sin mayor explicación.
Sobre el caso, en uno de tantos pronunciamientos, Amnistía Internacional (AI) sentenció en su oportunidad que la “tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México (...) desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen”.
A querer o no, esos señalamientos salpicaron a José Aarón Pérez Carro.
Ahora que deja la titularidad de la Secretaría de Gobierno quién sabe si lo hace con la conciencia tranquila, pero eso es lo de menos: bajo el brazo –según se dice en los corrillos políticos- se llevaría como haber de retiro la patente de una notaría pública.
Obsequioso como es con sus leales, Marco Antonio Mena Rodríguez le habría dado ese regalo, una suerte de pensión que le garantizaría vivir sin penurias el resto de sus años.