Piso 17 escribe Álvaro Ramírez Velasco
Apenas arranque, el próximo 1 de septiembre, la LXV Legislatura (2021-2024), el Congreso de la Unión será el escenario de agrias disputas ante la intención del actual régimen de imponer una reforma electoral de gran calado que, sin embargo, tiene como principal y tal vez único y real objetivo la renovación completa del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Es una suerte de revancha ácida del lopezobradorismo.
Las modificaciones a las normas electorales son cíclicas, tras los procesos, pero ésta será la primera que busque cambios, desde los cimientos, tras un proceso intermedio y no uno presidencial.
En 2007, se dio una reforma para, de manera extraña, complacer a los formalmente vencidos en 2006. Con ella se prohibieron las campañas negras y la compra de espacios para propaganda en los medios electrónicos de comunicación.
En 2014, ya con el peñismo en el poder, vino una reforma con cambios profundos, que se habían buscado por décadas, para establecer la obligación de la paridad de género.
También, en ese año, se reformó la Constitución, para permitir la elección consecutiva, que los ciudadanos de a pie conocemos como reelección, para alcaldes y legisladores.
Ni una ni otra modificación han demostrado que realmente trajeron beneficios al sistema electoral mexicano, como se pensó y se proclamó.
A unos días de comenzar la próxima legislatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que enviará una iniciativa de reforma electoral y ha calentado el ambiente.
Sin eufemismos, ha dicho que es necesaria “una renovación tajante” del INE y el TEPJF. Por supuesto, es reactivo a las decisiones del árbitro y los jueces electorales que no le han favorecido a sus partidos.
En el caso de los magistrados del TEPJF el Presidente tiene toda la razón. Las sospechas y evidencias de corrupción hacen imprescindible el relevo de sus integrantes.
Pero el tema del INE es distinto.
Lo cierto es que la propuesta del lopezobradorismo, que ha dicho el tabasqueño que construirá con especialistas, no podrá realizar muchas reformas constitucionales, pues su partido, Morena, y sus aliados no tienen por sí solos la mayoría calificada (las dos terceras partes) para concretarlas.
Requiere ineludiblemente de ir al cabildeo y a la negociación con las bancadas opositoras.
Hay una iniciativa que ya filtró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que busca 20 reformas constitucionales. Demencial e imposible de conseguir.
Pero esa es solamente una filtración muy al estilo de albazo que acostumbra el zacatecano.
Lo que seguro no ocurrirá, de ninguna manera, por más que nos vendan la idea, es la desaparición de los 200 diputados federales plurinominales y los 32 senadores de Lista Nacional. Los que llegan sin hacer campaña.
A quienes menos le convine esa desaparición es a las cúpulas partidistas, que ahí colocan a sus dirigentes, a sus hijos, esposas, novias y cuates. Podrán disminuir su número, pero no desaparecerán.
Quien se lo prometa, del partido que sea, le está mintiendo vilmente.
@Alvaro_Rmz_V