DR. JULIÁN GERMÁN MOLINA CARRILLO*
El pasado lunes 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo presidencial en el que el Presidente de la República:” declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos,, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país, considera como de interés público y seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios”.
A raiz de dicha publicación ha habido una gran cantidad de comentarios y confusiones en la denominación de dicho documento, tan es así que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la mañanera tuvo que explicar que la principal diferencia entre un acuerdo y decreto es que el primero es específico y es una regla que expide, en este caso, el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general.
Ahora bien, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que analiza el contenido y alcances del acuerdo presidencial, además, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado. Lo anterior porque
al ser consideradas de seguridad nacional las obras de infraestructura, se podrían aplicar ciertos candados para acceder a la información relacionada con las obras prioritarias para el gobierno federal, como contratos, dictámenes, convenios modificatorios, manifestaciones de impacto ambiental, proyectos ejecutivos, entre otros.
Aquí la cuestión es que, si se entra al fondo del asunto por parte del Poder Judicial, derivado de alguna controversia constitucional o amparo que se interponga, pero el tema de blindar las obras de infraestructura con el argumento de seguridad nacional queda bien justificado, ni siquiera se concederían suspensiones provisionales, lo cual sería benéfico para el gobierno federal, puesto que su objetivo es ganar tiempo para entregar las obras en tiempo y forma. Recuérdese, por ejemplo, que Claudio X. González fue uno de los impulsores de los 144 amparos contra la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía. Evidentemente, la motivación de dichos medios de defensa es política y no jurídica. Y más aún, si se tiene también en mente lo que este personaje twiteó en su cuenta, al señalar: “Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”.
Independientemente de las objeciones manifestadas por la alianza opositora conformada por el PRI, PAN Y PRD, así como de organizaciones como la Barra Nacional de Abogados de que dicho acuerdo es inconstitucional y que será impugnado a través de la vía legal, es de llamar la atención, que sea el propio Presidente López Obrador, quién ha pregonado la “austeridad republicana”, la reducción del presupuesto a las secretarías de estado y poderes como el judicial, así como el nombrar en dichas secretarías y direcciones a personas sin perfil, ni formación profesional, priorizando la lealtad, sobre la capacidad y eficiencia, quien ahora sea víctima de sus propios errores, ya que existe en todas las entidades de la administración pública a nivel federal y en la mayoría de los estados donde gobierna Morena, falta de recursos, de personal, burocratismo excesivo en los trámites y procedimientos y corrupción, donde se están frenando sus propios proyectos y obras de infraestructura; es decir, está padeciendo de lo mismo que sufrimos los ciudadanos, cuando solicitamos una respuesta de las autoridades y estas pueden tardar semanas o meses en llegar o en su defecto la respuesta es contraria a derecho y nos obligan a impugnar mediante los recursos legales.
Por todo ello, no vendría mal, que junto con el acuerdo presidencial, impulsara una auténtica reforma administrativa en todas las esferas de gobierno y trámites, para beneficiar a los millones de mexicanos que padecemos por una burocracia y tramitología que sólo fomenta la corrupción y desalienta la inversión..