Máscaras escribe Jesús Olmos
Si algo le podemos reprochar, y con creces, al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la injusticia y la indolencia siguen siendo el pan de cada día para millones y millones de mexicanos.
Hace unos días se confirmaba el cuarto asesinato de un periodista en lo que va del año, ahora en Michoacán, y el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, emitía uno de esos repetitivos pero compasivos mensajes de condolencias para los deudos de Roberto Toledo.
Horas después, haciéndonos recordar lo peor del peñismo y la esencia del calderonismo, el encargado de la comunicación presidencial se desmentía a sí mismo y aclaraba que su afirmación anterior era falsa y que, terrible y todo, pero Toledo no era un periodista consumado y con ello abría la posibilidad de desligar su muerte de su actividad laboral.
Sin embargo, desmentir la ocupación del cuarto periodista asesinado del mes no puede entenderse sino como una treta para evitar cargar con la dolorosa cifra de ataques a la libertad de expresión del arranque de año.
Es como si Ramírez Cuevas buscara excusar al Gobierno que representa de la responsabilidad de ofrecer condiciones de seguridad y plena libertad para el ejercicio de la actividad periodística en zonas como Michoacán, de las más complejas del país.
El caso de Roberto Toledo exhibe una ocupación no profesionalizada que se vive muy distinto lejos del púlpito presidencial y las coberturas informativas de escritorio.
Su caso nos hace rememorar lo ocurrido con el periodista y defensor de Derechos Humanos, Moisés Sánchez Cerezo, un comunicador de la región de Medellín, en Veracruz, asesinado en los tiempos del fidelduartismo, cuyo caso ha sido manoseado y ensuciado de tantas formas que la lucha que ha emprendido su hijo Jorge Sánchez, primero por el reconocimiento del trabajo de su padre y luego porque el caso les otorgue justicia, los ha llevado a vivir un auténtico calvario.
A los familiares de Moisés se les negó, desde la ventanilla gubernamental, el trato de familiares de comunicador caído; se les señaló, persiguió y hostigó. Han tenido que enfrentar al propio estado por un proceso plagado de irregularidades y de actos revictimizantes.
Su caso ha trascendido de las administraciones del PRI, que terminaron por allá de 2014; del PAN, que transcurrieron de 2016 hasta 2018, y de Morena que culminará en 2024.
Es ahí cuando se exhibe de forma fehaciente que muy poco duraron los aires de cambio cuando al tercer año y el mes 36 de mandato, la 4T se vuelve contra las causas que la consagraron para luego llevarla al poder.
Nos siguen quedando lejos las promesas de justicia para tantos y tantos colegas, sus familias, cientos de amigos y su público; siguen pendientes los procesos contra quienes los persiguieron y hostigaron desde el poder, y quienes los ignoraron y se desligaron intentando maquillar las cifras.
Repito, es la justicia pronta y expedita el gran pendiente de la 4T y al presidente se le acaba el tiempo.
@Olmosarcos_