Máscaras escribe Jesús Olmos
Para nadie se oculta a la vista que el país se encuentra inmerso en una espiral de violencia a la que no se le ve fin.
Un dato revelador es que los homicidios dolosos registrados durante los tres primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ya superan a la suma de los contabilizados en el mismo periodo por los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, sin tomar en cuenta las falencias en los conteos que tuvieron las dos pasadas administraciones y la inseguridad creciente que le heredaron a los actuales.
El asunto es que la violencia se ha partidizado a tal nivel que el tema es más usado para confrontar al adversario, al que piensa distinto o al que está en otro grupo político, en lugar de ser un tema que genere unidad nacional para enfrentar a los criminales.
Es una verdad irrefutable que la “guerra” y su rastro ensangrentado no inició en este Gobierno, pero como Estado mexicano la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene la responsabilidad de resolver lo prometido en campaña, sin cambios y atisbos, o con definiciones de última hora como se hizo en el tema de la militarización de la Seguridad Pública.
Ahora, esto no significa cerrar ni borrar lo hecho por sus antecesores que entregaron las Policías y sus mandos a la delincuencia y metieron a las próximas generaciones en una realidad ensangrentada.
Los hechos ocurridos en San José de Gracia, Michoacán, han mostrado una de las partes más cruentas de la batalla por los territorios que disputa el narco, pero también la línea discursiva de quienes se encuentran en la búsqueda del poder.
Entre los dos bandos en disputa, cuyo termómetro es el apoyo o rechazo a la Presidencia de AMLO, encontramos los argumentos más falaces para intentar salpicar al de a lado y evadir responsabilidades.
Unos creen que negando la existencia de los cuerpos de los asesinados pueden desaparecer como por arte de magia el golpe de realidad. Los otros, usan la tragedia de los michoacanos ejecutados en grupo para desacreditar las tragedias de otros sexenios, como las masacres de San Fernando y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Es abominable que entre toda esta maraña de hechos que involucran a los grupos delincuenciales, sean ellos quienes quedan libres del debate, de las políticas públicas, de la acción de la ley, de los más directos dardos desde el púlpito presidencial, de los severos cuestionamientos de los calderonistas y peñistas, e incluso de la condena de una sociedad que se sabe lastimada hasta la médula, pero ha optado por una queja silenciosa.
Lo ocurrido en Michoacán es deleznable y horrendo, tristemente no es nuevo y no se ve la forma de que no vuelva a suceder, pero no hay que engañar a nadie, es un grito desesperado de una entidad agazapada desde antaño cuando un oriundo de ese lugar declaró la guerra al narco para jugar a que podía validar la envestidura presidencial… y fracasó.
@Olmosarcos_