Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
La discusión pública por los saldos que dejó el #8M en Puebla arrojó como resultado el ocultamiento, disimulo o desvanecimiento de un conjunto de hechos que están en primer plano, pero que se han dejado de observar.
Cuando desde el palacio municipal la presidenta y activista Claudia Rivera pontifica en favor de las revueltas protagonizadas por las encapuchadas -funcionarias o no de su gobierno-, ignora lo obvio: la función del Estado es la observancia de la ley.
Le guste o no a esta servidora pública, el sistema del que parece renegar le permitió llegar al sitio en el que está, -desde luego con el apoyo invaluable del nombre de Andrés Manuel López Obrador en la boleta-, aunque es probable que ya lo haya olvidado.
La polvareda levantada por el anuncio de investigaciones ministeriales por los delitos que fueron cometidos con el pretexto de la protesta legítima contra el machismo y patriarcado no es, sino la tarea esencial de ello. Ignorar lo ocurrido en el bulevar 5 de Mayo, a las afueras del Congreso del Estado y a lo largo de la 5 Poniente también conlleva una responsabilidad: incumplimiento de un deber legal.
El engañoso argumento de la persecución tiene una debilidad obvia: a diferencia de lo ocurrido en la Ciudad de México, en Puebla hubo un sólo policía que interviniera para prevenir lo sucedido.
No lo hubo de parte de la Policía Estatal, como tampoco de la municipal. Deliberadamente se dejó el paso libre, y hasta hay que celebrarlo porque de lo contrario estaríamos en un escenario de caos por la sangre derramada.
Las personas que ejercieron su derecho de tránsito y manifestación lo realizaron sin un sólo impedimento. Sólo hubo el límite de los muros, puertas y ventanas; cosa distinta sucedió con los cristales que cedieron al enojo colectivo.
Las versiones en el sentido de que detrás de la estrategia está el subsecretario de Gobernación, Ardelio Vargas Fosado, incurren en un pecado que resulta infantil, ingenuo, ñoño.
Quienes hemos cubierto operativos del funcionario en Puebla, Estado de México o Oaxaca, sabemos que Vargas Fosado no admite medias tintas y se hace valer del estado de fuerza. Lo suyo no es trazar estrategia política, sino la movilización de fuerzas policiacas, y la acción.
La historia de quien ahora funge detrás de la nueva titular de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, ha sido ampliamente descrita en este y otros espacios periodísticos.
Nadie puede estar de acuerdo con el clima de inseguridad, violencia y acoso que viven las mujeres. Aún a estas alturas del milenio, con la alternancia frecuente en órganos de poder y toma de decisiones, es condenable que no se haya avanzado para frenar de una vez feminicidios y violaciones.
Pero tampoco se puede dejar pasar que en aras de atizar el discurso por razones de rentabilidad electoral, no se haya dedicado en toda la mañana una sola expresión de solidaridad de quienes se vieron expuestas al riesgo de una lesión o afectados en su patrimonio.
Un gesto solidario hubiera sido inteligente, pero pedir un atisbo de razonamiento y sentido común es improbable porque el fin justifica los medios.
@FerMaldonadoMX