parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
El edil de Cuetzalan del Progreso, Gerson Calixto Datolli, ingresó a las oficinas de su partido, el Revolucionario Institucional, con un cargamento difícil de mantener ajeno a la mirada escrutadora de quien lo vio ingresar allá en la Diagonal Defensores de la República: un millón 600 mil pesos.
El monto del dinero en efectivo sería utilizado para cerrar un acuerdo de inmunidad antes, durante y después de la revisión de sus cuentas públicas en la Auditoría Superior del Estado, en donde aún despachaba el imputado Francisco José N., que ahora enfrenta dos procesos penales.
La oficina a la que se dirigía es la que, por breves periodos, llega a despachar el autollamado “operador de valles”, el exdiputado del Partido Nueva Alianza, Jonathan Collantes Cabañas, responsable de la cartera de Vinculación Empresarial y Emprendimientos, llevado ahí con bombo y serpentinas por el actual dirigente Néstor Camarillo.
En la trama de extorsión del edil priísta, que consiguió reelegirse el año pasado, hubo un tercer personaje, el exdirigente priísta e integrante conspicuo del grupo político del excandidato a gobernador en 2018, Enrique Doger Guerrero: Javier Casique Zárate.
Fue quien persuadió al exauditor Superior del Estado, ahora imputado por la Fiscalía del Estado, de que nada negativo podría suceder ante el titular de un órgano independiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Casique Zárate creció políticamente en un ambiente rancio del priísmo acostumbrado a pactar acuerdos inconfesables, pero redituables.
Nunca tuvo tanto sentido el refranero popular que dice que “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre” que aplica redondo y exacto a la larga historia que llevó a la suspensión temporal, aprehensión y acusación de un titular de la ASE.
La operación se repitió con varios de los 58 presidentes municipales con los que cuenta el tricolor en toda la geografía, resultado del proceso electoral de junio del 2021.
La danza de los ediles que fueron entregar dinero en efectivo a cambio de salvar la supervisión y auditorías del gasto público está al descubierto y en la ruta de convertirse en un nuevo escándalo de corrupción auspiciado por un diputado federal e integrante, también, del primer círculo del dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el priísta originario de Campeche, en el que el propio Casique Zárate es delegado nacional tricolor.
Desde que comenzó funciones como titular de la Auditoría, el exservidor público estuvo siempre bajo el manto de la sospecha por una conducta mal simulada.
La búsqueda permanente de acuerdos con extitulares de entidades fiscalizables, como la expresidenta municipal, Claudia Rivera, a través del ahora regidor Leobardo Rodríguez, o del exgobernador Antonio Gali, a través de Rodolfo Sánchez Corro, colocaron al exauditor en un ángulo de extrema vulnerabilidad, que junto con el pase de charola a expensas de Casique y Collantes, explica la defenestración y sometimiento a la justicia a quien terminó por faltar a los mandamientos de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.
@FerMaldonadoMX