parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
La versión del traslado del exsecretario de Gobernación en el gobierno de Mario Marín Torres, Javier López Zavala, del penal de San Pedro Cholula al de Tepexi de Rodríguez, no pudo haber tenido otra fuente que la información que poseen los abogados defensores.
Las motivaciones sólo podrán conocerlas quienes han asumido la estrategia de la defensa del probable feminicida, para quien el panorama es cada vez más difícil a la luz de los datos de prueba que posee la Fiscalía General del Estado, y que culminó con su detención el 6 de junio.
La mañana del martes que se dio a conocer que el imputado no había sido trasladado al Centro de Reinserción Social en la Mixteca poblana, sino que se mantenía en San Pedro Cholula, una pista vino a escena.
La versión publicada en diversos medios, sin confirmar, dio como resultado que se acudiera a la búsqueda de la protección federal a través de un amparo que atajara llevar al expoderoso priísta a esa cárcel en donde se observan protocolos carcelarios con mucho mayor rigor.
Los despachos de abogados defensores, en cualquier rama del Derecho, suelen obtener honorarios más altos en esquemas de negociación en tanto la estrategia de defensa se hace más compleja.
La promoción de un amparo, pues, fue como haber añadido más productos al carrito de la compra en cualquier tienda virtual. A mayor capacidad de consumo, mayor es la utilidad, dicta la lógica del mercado.
Pero también la rentabilidad política: victimizar al presunto victimario, extorsionador o corrupto para entrar a un esquema de negociación política, como ha sucedido de manera reiterada en el pasado.
En la historia de las aprehensiones ocurridas en Puebla, con la llegada al poder de la Cuarta Transformación, la que más revuelo provocó es la del excandidato al gobierno del estado en 2010.
No sólo por las posiciones de poder que llegó a ostentar, sino por lo que claramente apunta a su responsabilidad directa en un caso de feminicidio en contra de la madre de su hijo, la abogada Cecilia Monzón, el 21 de mayo.
Marcados por un destino paralelo, la detención el 18 de marzo de 2020 del exvicecoordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional y brazo ejecutor de la ola de represión con el difunto Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón Herrera, y el propio López Zavala son los dos peces más grandes en caer en las redes del aparato de justicia.
No deberían ser los únicos, porque en el periodo de oprobio entre 2010 y 2018 hubo saqueos y persecución de los que apenas se conocen rasgos muy por encima, sin llegar al fondo de los periodos en los que PRI y PAN se repartieron el poder público.
No se debe echar en saco roto las investigaciones sobre el abuso desmedido de dinero público de Alfonso Esparza Ortiz en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, rodeado de un grupo plutocrático que acumuló riqueza obscena.
Castañón Herrera duerme en un penal federal en Durango, a donde fue llevado en enero de este año, pero ello no significa que los procesos que enfrenta sean menores, o que haya sido absuelto.
Como en el caso de Zavala, se promueven recursos de amparo, impugnaciones y otros mecanismos que acaso permitan a sus representados abrigar la posibilidad de terminar con la larga noche que apenas comienza.
@FerMaldonadoMX