Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
Horas oscuras vive el Tribunal Superior de Justicia y el Poder de la judicatura. La semana para este poder en Puebla tiene saldo deficitario en términos de aplicación de justicia para ricos, poderosos y pobres.
El magistrado Alberto Miranda Guerra, reiteradamente vinculado con el grupo político del fallecido Rafael Moreno Valle, determinó que fue ilegal el traslado de Eukid Castañón Herrera al Centro de Justicia Penal Federal de Durango.
Según la carpeta judicial 520/2020/Puebla se establece que “Se califica de ilegal el traslado realizado respecto respecto de la personada privada de la libertad de nombre Eukid Castañón (…) al Centro Federal de Readaptación Social número 14.
El traslado del imputado de delitos de extorsión, amenazas, enriquecimiento ilícito, manejo de recursos de procedencia extranjera y falsear información a una autoridad judicial fue llevado a Durango hace un semestre y según diversas fuentes, la estancia en aquella cárcel ha sido aún más difícil de sobrellevar que la de Tepexi de Rodríguez.
Al magistrado de la Quinta Sala Unitaria no sólo se le consideró como un benefactor del régimen panista que consiguió incrustar en la estructura del Poder Judicial a operadores e incondicionales, sino de planear la caída del presidente Héctor Sánchez Sánchez.
No es el único caso que alienta la sospecha de prácticas que alientan el imaginario en el sentido de que la impartición de justicia en el aparato poblano obedece a la lógica de la oferta y la demanda, como producto comercial.
En la semana que termina también conocimos de l adenuncia en contra de la juez de Huejotzingo, Amada María Teresa Márquez Bermúdez, por los probables delitos contra la procuración y administración de la justicia y fraude equiparado.
Como en el caso del magistrado Miranda Guerra, en el caso de la juez primero de lo civil, parece haberse prestado para despojar a una mujer de la tercera edad de un terreno de 10 mil metros cuadrados en favor de Antonio Díaz Jiménez, Martín Xicoténcatl Martínez y Francisco Javier Fuentes, contra quienes inició un litigio desde hace siete años.
En el caso de Castañón Herrera es evidente el peso político que aún mantiene a este personaje, cuya forma de operar se reveló al ser publicados los audios en los que amenaza a sus víctima de asesinarlo (los voy a llevar al valle de las calacas), de despojarlos de una propiedad para ser entregada a su pareja sentimental, de haber intervenido sus teléfonos y de iniciar una campaña desprestigio (estaré encantado de partirles la madre).
Apenas el martes 21 en esta columna se adelantó que el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro determinó en la primera semana del mes de junio remitir el auto de apertura a juicio dictado en la causa penal que ocupa, a fin de que sea turnado al Tribunal de Enjuiciamiento”.
La pregunta es si el inicio del juicio por la primera del resto de las imputaciones lo enfrentará en suelo poblano, o en penal federal de Durango. Miranda Guerra si que está decidido a revivir viejas lealtades.
@FerMaldonadoMX