Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
Ha pasado casi un mes desde que en la mañanera del gobernador Miguel Barbosa fuera exhibido Enrique López Criollo, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema de Adversarial por haber liberado a un líder narcomenudista a quien en el mundo del hampa se le conoce como “El pelón del sur”.
Pudo alcanzar efímera libertad bajo la figura jurídica de la suspensión condicional del proceso, que según el nuevo modelo, ase establece entre la parte agraviada, la Fiscalía General y el juzgador, que tiene la última palabra.
“Yo expreso mi preocupación por la aplicación abundante de esta medida, que ha puesto en libertad a muchos presuntos responsables de delitos muy importantes, y que la gente se queda con la impresión de que puede haber colusión entre la autoridad que aplica la ley, que son los jueces, y los presuntos responsables”, dijo Barbosa a mediados del mes de junio.
El imputado de diversos delitos que recibió la gracia del Juez López Criollo fue aprehendido de nueva cuenta y llevado otra vez a una celda.
No sólo librera a personas de la reputación del imputado de diversos delitos en el ámbito penal, sino además exhibe estar dotado de astucia suficiente frente al poderoso en detrimento de la sobriedad, sensatez y apego a la norma, indispensable en todo buen juego juzgador.
Las evasivas para llevar al cabo la audiencia de vinculación a proceso de la indiciada Margarita del Carmen Rodríguez Daruich, cercana excolaboradora de quien ahora se desempeña como asesor de la Consejería Jurídica en la Presidencia de la República, René Sánchez Galindo, confirma la versión de que la aplicación de la justicia, no es imparcial.
La nueva historia exhibe un despropósito adicional de Sánchez Criollo.
Una mujer que se dolió de haber sufrido amenazas de la servidora pública en el trienio de Claudia Rivera Vivanco, al frente de una gestión que utilizó el estandarte del respeto a las mujeres y la equidad entre géneros, Yasmín Nalleli Flores Hernández.
La primera audiencia de vinculación a proceso, cuyo número es 3468/2021 por el probable delito de amenazas, debió efectuarse el 25 de febrero de este año, pero fue suspendida debido a que Rodríguez Daruich no fue notificada, según se dijo.
La nueva fecha para desahogar la diligencia fue el 11 de mayo y tampoco se desarrolló bajo un argumento aún peor: No le habían entregado copias de la carpeta de investigación a la defensa, se dijo el Juzgado de Oralidad.
Y la más reciente sucedió el 11 de julio, también diferida por la falta de entrega de copias de nuevos hallazgos de investigación sobre la denuncia original interpuesta el 6 de octubre de 2020 que contiene, entre otros elementos, los dictámenes de victimología y sicológico.
La conducta de Enrique López Criollo robustece la idea en el imaginario de que persisten prácticas oscuras y obsolescencias en el Poder Judicial que serán difíciles de disolver por la presumible existencia de pactos con el poder o por dinero.
@FerMaldonadoMX