Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
El juez de control que decidió dejar en libertad al agresor sexual de la hija menor de edad de Miriam Vázquez Vázquez, al amparo de un resquicio legal mañoso, Lucio León Mata, contribuyó a la construcción de una larga fama en la que se involucra a juzgadores que ayudan a agresores de niñas, niños y mujeres y que se colocan como el paradigma de un modelo de justicia deficiente, insensible y dañino para la sociedad.
La conducta de este juez es similar a la del medio hermano del otro juez indirectamente involucrado, Celestino Martínez Bones, familiar de Ramón Martínez acusado de ser agresor sexual de una niña de 14 años a quien embarazó y luego la sustrajo bajo amenazas junto con el bebé producto de esa violación. Lucio León Mata y Martinez Bones se convirtieron desde el pasado fin de semana en los integrantes del aparato de justicia más tóxico para el Tribunal Superior de Justicia.
No sólo por la duda razonable de la existencia de intereses ajenos a la verticalidad e imparcialidad en la aplicación de la justicia, sino porque el caso reúne elementos que en conjunto tocan las fibras más sensibles de la sociedad: las relaciones de sometimiento a las que aún viven sujetas mujeres, niñas y niños frente a sus victimarios, habitualmente relacionados con el poder.
En marzo de 2020 la diputada suplente, Carolina Ramírez, denunció violencia familiar y acoso de parte de su esposo Rafael N., un abogado que había trabajado en el Tribunal Superior de Justicia, responsable de haberla golpeado junto a sus tres hijos, de entre quienes se encontraba un mejor con síndrome de Asperguer.
En marzo de 2020 el juez Martínez Bones -familiar del violador de la niña de 14 año- estaba adscrito a la región judicial Centro-Sur y decidió archivar el caso de violencia evidente por más de ocho meses, no obstante la existencia de la carpeta de investigación 3466/2019/UVFyG.
La conducta de ambos jueces del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte sigue un patrón de conducta de manera reiterada que permite ver un contexto pernicioso: la vulnerabilidad de las víctimas frente a una madeja compleja de lazos, relaciones y complicidades.
Un tibio comunicado del Poder Judicial publicado el viernes 19 ofrece un ángulo poco favorable para la corrección de una conducta a todas luces irregular de parte del juez que se negó a castigar a un depredador sexual que incurrió en delito de violación agravada, sino que además es probable responsable de la privación ilegal de la libertad de sus víctimas.
“El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla iniciará una investigación sobre el actuar del juez (…) en torno al caso de un hombre detenido en Huauchinango y vinculado a proceso por la presunta comisión de delitos sexuales contra una menor”, dijo el comunicado frente a un caso de extrema urgencia: un violador está suelto, una madre dolida por el abuso de su hija, la propia revictimización (ella misma resultó violada por un funcionario del área de Atención a Víctimas) y un juez de la notable calaña descrita, en funciones plenas.
Lo ocurrido en el Juzgado de Oralidad Penal de Huauchinango debe dar como resultado la suspensión inmediata de León Mata, el inicio de un procedimiento interno, pero también penal; la reaprehensión del agresor sexual, la reparación del daño a las víctimas y una disculpa pública del Poder Judicial por este y otros latrocinios que lastiman a la sociedad.
De paso debe servir como una señal inequívoca de que no habrá otro caso análogo que ofenda y denigre a hombres y mujeres frente al poderoso, como dicta la ética pública que a todos nos deben desde hace años.
@FerMaldonadoMX