Parabolica.MX por Fernando Maldonado
La existencia de una red de corrupción en el interior de la Fiscalía General del Estado fue cada vez más notoria a la luz de dos grandes casos que esa instancia desahoga. Ese será el primer gran reto del recién designado titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Jesús Castro Jácome.
Y es que la detención del ex vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro y operador del fallecido Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón Herrera, actualmente interno en el penal de Tepexi de Rodríguez, abrió la oportunidad a un mercado subterráneo de información a cambio de ríos de dinero.
Fuentes de la propia dependencia dijeron al autor de la columna que existe un testigo que asegura haber entregado medio millón de pesos por obtener datos de una de las carpetas de investigación correspondiente a las imputaciones que se le formularon al panista: lavado de dinero (manejo de recursos de procedencia ilícita), falsedad de declaraciones y extorsión.
El otro asunto de gran calado en la oficina del Fiscal, Gilberto Higuera Bernal, es el de la investigación del cuantioso lavado de dinero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la era del rector Alfonso Esparza.
Ya hay una investigación sobre el caso documentado en la entrega de la Parabólica en la que se relata la existencia de un grupo de agentes, con nombre y apellido, que solicitaron dinero a cambio de inmunidad en contra de un presunto facturero y lavador de dinero de dudosa procedencia de nombre Ignacio Cruz, detenido finalmente el 7 de enero de este año.
En ambos casos se ha podido encontrar la existencia de una mafia en el interior de la FGE, que opera en contra del trabajo institucional para hacer efectivo el cobro de dinero a cambio de “favores”, como la información contenida en las respectivas carpetas, hacer perdidizas pruebas documentales y obstaculizar órdenes de aprehensión.
En los casos de ambos personajes, imputados de probables comisiones delictivas, hay suficiencia documental para ser procesados por un juez; sin embargo, el boicot desde el interior ha conseguido, en uno u otro momento, aplazar el avance de las indagatorias.
Eukid, desde el interior de San Miguel, recibía “favores” establecidos en un tabulador que no deja de sorprender, según diversas fuentes, con pagos mensuales entre 250 y 500 mil pesos, repartidos en el aparato carcelario, en la Fiscalía y hasta en el Poder Judicial.
En el caso del presunto implicado de la “estafa maestra a la poblana” en la BUAP, se encontró que no sólo mantenía en su “portafolio de clientes” a la universidad pública, sino a grupos dedicados a la extracción de hidrocarburo y narcomenudeo, necesitados siempre de lavar volúmenes de utilidad extraordinaria.
La mafia en el interior de la dependencia que el nuevo servidor público deberá combatir, operó para hacer fracasar un cateo efectuado en una propiedad del exoperador morenovallista, en donde se presumía, existía dinero en efectivo dentro de una cisterna.
El reto del nuevo funcionario es de esa dimensión. No va contra un grupo de improvisados. Desde dentro posee una -bien aceitada con dinero sucio- red de informantes para tener siempre información privilegiada.
@FerMaldonadoMX