Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. (Francisco de Quevedo)
Una de abogados escribe Julio Santos Lozano
El próximo nueve de julio se cumplirán ocho años del terrible suceso represivo llevado a cabo por el Estado en Puebla, a través de sus cuerpos policiales en la Población de Chalchihuapan Puebla, en donde perdiera la vida el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, por el impacto de una “bala de goma” en el cráneo, suceso que por supuesto indignó no solo a Puebla sino a la opinión pública Nacional, por el exceso y abuso de la fuerza pública para extinguir una protesta y manifestación popular, por medio de un procedimiento inadecuado, improvisado y absurdo.
Durante estos ocho años la madre del menor la señora Elia Tamayo, ha recorrido sin parar las Instancias que tienen intervención en el caso, sobre todo la Fiscalía General del Estado, La Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gobernación, Consejería Jurídica e incluso a la Comisión Nacional de derechos Humanos, instancia que esta última que es la única que ha examinado exhaustivamente el caso y que emitió una RECOMENDACIÓN al Gobierno de Puebla a fin de concluir debidamente la investigación, así como la Reparación Integral del Daño causado a las víctimas.
El camino ha sido largo y sinuoso para la madre del menor asesinado, hace dos años (2020) el Gobernador del Estado Luis Miguel Barbosa Huerta, ordenó la reapertura y conclusión satisfactoria del caso e instruyó al Consejero Jurídico así como al Fiscal General del Estado a realizar las investigaciones y pesquisas que fueran necesarias hasta lograr el esclarecimiento de los hechos, sobre todo la Responsabilidad Penal de los altos mandos en esa época (Morenovallista), el entonces Secretario de Seguridad Pública en el Estado FACUNDO ROSAS (actualmente privado de su libertad por otros ilícitos), el entonces Procurador General de Justicia del Estado VICTOR CARRANCÁ BOURGUET y el jefe de la Oficina del Gobernador JUAN PABLO PIÑA, cuya intervención fue determinante tanto en el operativo fallido que concluyó en una tragedia así como por la manipulación de la Investigación, tráfico de influencia y falsedad en cuanto a sus declaraciones, como siempre, todo inició de manera diligente, con entrevistas entusiastas y llenas de promesas optimistas lo cual con el paso del tiempo fue desapareciendo hasta quedar en estos días en el olvido burocrático, volvemos al principio en donde la señora Elia Tamayo seguirá tocando puertas y mendingando Justicia.
Lo que ha exigido la madre del menor occiso es el acceso a su Derecho a la verdad, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar: ““Si bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la Justicia, aquel tiene una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos consagrados en la Convención Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso.””
Bajo este contexto es que resulta indispensable la intervención (de nueva cuenta) del Ejecutivo del Estado a fin de dar cumplimiento cabal a la Recomendación efectuada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este caso y se determinen, en conclusión, la Responsabilidad Penal de los altos mandos involucrados en el “operativo Chalchihuapan” y sus respectivas sanciones de resultar responsables, la REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO, es decir, material, moral y simbólica, así como determinar la RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO en los hechos desplegados y que terminaran con la vida del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, con esto sesgando su libre desarrollo personal pero sobre todo su DERECHO A VIVIR.
Reconociendo que el tratamiento que le ha dado esta Administración comandada por el Gobernador del Estado ha sido más cercana, humana y atenta con la señora Elia Tamayo, la cual había sido re victimizada por personajes de las anteriores administraciones (Moreno Valle y Gali) las cuales no dieron seguimiento alguno a la investigación, es por ello que no se debe caer en el mismo comportamiento burocrático de deslumbrón y luego olvido, por lo cual se debe continuar con las investigaciones hasta que se llegue a la solución del conflicto, es decir, encontrar Justicia por el Homicidio de José Luis Alberto en el sentido de que los responsables directos del fallido operativo de marras sean castigados tanto penal como administrativamente, la falta de castigo de los altos mandos involucrados en el evento, específicamente del entonces Secretario de Seguridad Pública en el Estado FACUNDO ROSAS, el entonces Procurador General de Justicia del Estado VICTOR CARRANCÁ BOURGUET y el Encargado de la Oficina del entonces Gobernador JUAN PABLO PIÑA, mostrando que la impunidad no cabe en este tiempo político y que la legalidad y Justicia son y serán su estandarte en beneficio de una sociedad que se siente abandonada, desprotegida e ignorada por sus Autoridades, que los tiempos de cambio llegaron a nuestro Estado de manera positiva, que la muerte José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo no fue en vano al contrario que será el motivo para que esta cuarta transformación genere confianza y certidumbre a la Sociedad Poblana.
HASTA AQUÍ MI COMENTARIO.
MTRO. JULIO SANTOS LOZANO.