Colaboración de Julio Santos Lozano
El pregón cotidiano de la lucha contra contra la corrupción no ha cubierto de manera integral y completa a todas las dependencias de gobierno, por lo menos no al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Puebla, conocido coloquialmente como la cueva de Alí Babá, la analogía es obvia.
Por desgracia, aquel proyecto que se desarrolló en el pasado que se concretó con el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla no continuó a pesar de los resultados que estaba dando, sobre todo por la erradicación de la corrupción en el Registro Público de la Propiedad, esto por el control mediante revisiones constantes y exhaustivas de los expedientes (apéndices) formados en el llamado Libro Quinto en el que se archivan los anexos de las escrituras a inscribir, entre ellos los comprobantes de pago de impuestos y derechos que causa el traslado de dominio, cancelación de hipotecas, etcétera.
Esto se pudo lograr, amén, a la digitalización que se llevó a cabo de las partidas que contenían las inscripciones las cuales generaron los llamados Folios Electrónicos en los que descansa todo el historial de propiedad de los inmuebles sujetos a inscripción.
Sin duda esta tarea fue titánica, la intención era captar todos y cada uno de los derechos que generaban las operaciones inscribibles, sin tregua, se evitó las “fugas” comunes en la dispensa de algunos derechos, la política registral se endureció para el personal de dichas oficinas, considero de manera adecuada porque se controló el manejo “extra registral” que operaba para agilizar los tramites y conseguir se inscribiera lo que era muy difícil y a veces imposible, bajo el concepto de que “aquí todo se puede”, incluyendo inscribir escrituras sin pagos de impuestos o derechos incluso el pago del Impuesto Sobre la Renta que es de los más costosos, este incluyendo la inscripción de las Sentencias de Prescripción Positiva (Usucapión) que general este Impuesto Sobre la Renta por Adquisición, Cancelaciones de Hipoteca sin la Escritura correspondiente u orden Judicial, entre muchas otras anomalías.
Fue un acierto la creación del instituto Registral y Catastral, con la correspondiente reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad y su Reglamento, pues se supo ver que las oficinas registrales y catastrales generaban ingresos por concepto de derechos, exorbitantes, que controlando su correcto y efectivo ingreso podrían respaldar inclusive la bursatilización de dicha oficina.
Una de las condiciones legales que imponía la Reforma Registral fue la especialización de los registradores, esto en virtud de que dicha materia es de especialidad debido a la naturaleza de sus actos que incluyen la fe pública registral y el resguardo patrimonial de los ciudadanos bajo las modalidades de seguridad y certeza jurídica.
Pues todo ese avance que se había conseguido se fue a la basura, al extinguir el Instituto registral y catastral, de manera inmediata regresaron las malas prácticas, la corrupción impera en el desarrollo de la función registral, una práctica común lo es que de acuerdo a su facultad de calificación de los actos sujetos a registro, esta se lleva a cabo de manera parcial y no integral, es decir, cuando se presenta un documento se debe calificar de manera integral en donde arrojaría todas las inconsistencias a satisfacer para su inscripción, si las hubiere, como lo son la falta de algún documento o comprobante, identificaciones, pagos de impuestos y derechos, permisos, etc., pero no, se realiza parcialmente buscando alargar y entorpecer el trámite, esperando que el usuario se “acerque” a solicitarle al registrador o a alguno de sus cercanos colaboradores ayuda para obtener el registro correspondiente lo cual se realiza mediante algún moche o compensación económica, a decir de la las personas que han recurrido a mi persona, los registradores de esta ciudad tienen tarifas ya preestablecidas, tanto para particulares como para los Notarios, estos últimos han preferido trabajar con los registradores mediante “igualas” mensuales, las mafias se han creado entre algunos empleados ubicados en lugares claves, con los “gestores” de las notarias y aquellos personajes llamados “coyotes” que viven y transitan alrededor de la oficina registral, buscando incautos para “ayudarles” a resolver sus problemas.
La corrupción es rampante en las Oficinas Registrales, por lo menos de esta ciudad, desorden, lentitud, rezago, opacidad, despotismo, abusos, son manifiestos, por lo cual la intervención de las autoridades es de suma urgencia, hago un llamado a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y a la Dirección General de Archivos y Notarias para que se den a la tarea de legitimar la actuación registral, poniendo por principio de cuentas a especialistas en los puestos de registrador, no improvisados que ven dicha oficina como haberse sacado la lotería por los enormes ingresos fuera de nómina, por lo que el sueldo, es lo de menos.
La importancia de la función registral radica en la fe publica que tiene en el desempeño de su función, esto relacionado con la certeza y seguridad jurídica patrimonial de los ciudadanos.
Hasta aquí mi comentario.
MTRO JULIO SANTOS LOZANO