El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, envió al Poder Legislativo una iniciativa para reformar la Constitución Política de Puebla, se propone corregir la configuración de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y “fortalecer su autonomía y elevar los rangos de exigencia sobre su actuación”; por otra parte, se busca la creación de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Los magistrados durarán en su encargo 15 años y para su elección, se propone una terna que envíe el Ejecutivo que debe votar el pleno del Poder Legislativo.
El ejecutivo propone reformar los artículos 12, 57, 113, 114 y 125 de la Constitución del Estado de Puebla, en el caso de la ASE se busca que fortalecer su autonomía y elevar los rangos de exigencia sobre su actuación, la propuesta busca elevar a rango constitucional los requisitos y los supuestos de impedimento para desempeñar el cargo de auditor.
Además, se plantea fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del titular de la ASE, “el texto vigente no asume a cabalidad que la función de fiscalización, si bien debe necesariamente realizarse a través de un órgano que goce de autonomía técnica y de gestión, también es cierto que dicho órgano debe estar siempre sujeto a una supervisión eficaz por parte del Congreso”, se cita.
Durante varias semanas se ha especulado con respecto a los supuestos actos de corrupción que se cometen en el órgano fiscalizador, de ahí que se busca que su trabajo sea inspeccionado por un órgano especial.
De acuerdo al articulo 113 se señala que la actuación de la ASE “se regirá por los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, profesionalidad y honradez. Para el control, vigilancia y evaluación del desempeño de la Auditoría Superior, el Congreso del Estado contará con una Unidad Técnica”, se cita.
“El titular de la Auditoría Superior del Estado podrá ser removido, exclusivamente, por causa grave, con la misma votación requerida para su nombramiento y a través del procedimiento especial que prevea la ley del Congreso, así como en términos de lo previsto por el Título Noveno de esta Constitución”, cita la iniciativa.
El documento señala que no podrán ejercer el cargo auditor quien dentro de los tres años anteriores al nombramiento, hubiesen fungido como gobernador de Puebla, titular de alguna dependencia federal o local, con excepción de los órganos responsables del control interno, senador, diputado federal o local, ministro, magistrado, juez, o alcalde, así como dirigente partidista.
La función de la Sala Especializada
En el caso de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa se plantea la reorganización del Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno.
La Sala Especializada, por su parte, se integrará por tres magistrados, los cuales no integrarán el Pleno del Tribunal. Por tanto, la Sala Especializada se circunscribirá a resolver asuntos en materia de responsabilidades administrativas, con el firme propósito de fomentar la especialización de la jurisdicción administrativa, garantizar la autonomía e independencia de sus determinaciones, así como de mejorar la eficiencia de uno de los engranes fundamentales en la formación de una pedagogía social de cumplimiento de la ley”, se cita en la iniciativa.
Los magistrados durarán en su encargo 15 años y para su elección, se propone una terna que envíe el Ejecutivo que debe votar el pleno del Poder Legislativo.