El gobierno estatal desistió de la demanda civil en febrero este año, esto por medio de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal debe resolver el litigio entre miembros de la familia Jenkins por el desvío y lavado de dinero de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins, dueña de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de al Nación (SCJN) este miércoles.
La Primera Sala de la SCJN rechazó con tres votos en contra y uno a favor, la petición de la familia Jenkins, la que hizo suya el ministro Juan Luis González Alcántara, pues los quejosos no tienen la facultad legal para solicitar que el tema fuera revisado por esta máxima instancia de justicia en el país.
La SCJN rechazó la revisión de la acusación por lavado de dinero contra seis miembros de la familia Jenkins: Elodia Sofía de Landa Irizar, Margarita Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Juan Carlos y Roberto Jenkins de Landa.
Y es que, en 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) abrió este caso, a pesar de que en 2018 ya se había emitido un fallo, con ello se determinó acción penal por los delitos de fraude y lavado de dinero, este tema que provocó una demanda civil por parte del Gobierno de Puebla, el año pasado.
Fue en 2017 cuando Guillermo Jenkins de Landa demandó a sus familiares pues se apropiaron del patrimonio de la fundación creada por su bisabuelo en 1954, mediante una donación simulada en favor de otra entidad, denominada Fundación Bienestar de Filantropía, y enviando recursos a empresas de papel en Barbados y Panamá.
Esta operación llevó al SAT a fincar a la fundación créditos fiscales por mil 400 millones de pesos, y a embargar en 2016 el campus de la UDLAP como garantía del pago de la deuda.
Los seis demandados argumentan que la FGR actuó ilegalmente al reabrir la carpeta, pues el caso ya estaba cerrado; sin embargo, hoy la Primera Sala de la SCJN determinó que el tema debe ser revisado y resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Cabe recordar que, el gobierno estatal desistió de la demanda civil en febrero este año, esto por medio de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.