El gobernador anunció las reformas legales en virtud de hechos ocurridos en Chignahuapan, por lo que esta semana ingresaría esta iniciativa de reforma legal al Congreso del Estado
Tras los hechos ocurridos en Tulcingo del Valle, lugar en donde fue asesinado el jefe de la Policía Municipal, la seguridad esta a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Guardia Nacional, informó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reveló que Maurilio N. no contaba con los exámenes de control de confianza, para desempeñarse en el cargo.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que hay avances en la investigación de la ejecución del jefe policiaco, además elementos de la Policía Municipal fueron relevados de sus cargos; sin embargo, no dio más detalles del tema, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene este asunto.
“El jefe policiaco asesinado no tenía aprobados exámenes de control y confianza y a pesar de eso fue designado en el cargo, no voy a imputarle a él nada, porque es parte de la investigación, pero el Señor no tuvo por qué estar en el cargo de jefe de la policía en Tulcingo del Valle, renunciaron 20 policías, no voy a decir por qué, ya sabemos todo”, dijo el mandatario estatal.
El gobernador convocó a los presidentes municipales a que revisen de forma constante el funcionamiento de la Policía Municipal y que se verifique que cuenten con los exámenes de control de confianza.
El mandatario pidió que quienes no cuenten con los exámenes de control de confianza y quienes no cubran con el perfil policial deben ser separados de sus responsabilidades, “les digo a los presidentes municipales que separen de sus cargos si hoy los tienen a quienes no tienen las condiciones legales a quienes sean policías o jefes policiacos, no lo vamos a permitir, personas así acaban siendo malos servidores públicos, malos servidores públicos”, dijo.
Barbosa Huerta recordó que hay una propuesta de reforma a la Ley Municipal para prevenir y evitar la contratación de servidores públicos con antecedentes delictivos, “una reforma para obligar a los ayuntamientos a solamente contar para las fuerzas del orden municipal a personas que no tengan vínculos públicos con actividades ilícitas o desde luego señalamientos en contra de ellos, como presuntos delincuentes”, dijo.
Hace varios días, el gobernador anunció las reformas legales en virtud de hechos ocurridos en Chignahuapan, por lo que esta semana ingresaría esta iniciativa de reforma legal al Congreso del Estado.