Coincidimos plenamente en que el bienestar de las infancias y adolescencias es prioridad, pero esto no debe ser excusa para coartar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la población adulta, ni limitar el acceso a estrategias para mejorar su calidad de vida.
El 19 de mayo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria máxima en contra de los dispositivos alternativos para suministrar tabaco y nicotina, como son los vapeadores o cigarros electrónicos. A través de un comunicado, la dependencia advirtió que estos “contienen carcinógenos y sustancias tóxicas que representan un grave riesgo a la salud de las personas consumidoras”. De igual forma, anunció el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, y la salvaguardia de dichos dispositivos a nivel federal y estatal, además de invitar a la población a realizar las denuncias correspondientes a través de su página de internet.
No es la primera vez que tanto la Secretaría de Salud como la Cofepris desestiman las estrategias disponibles de reducción de riesgos y daños para el uso de tabaco y nicotina, invalidando las distintas vías de administración que representan una alternativa para las personas que no pueden o no quieren dejar de consumir. Asimismo, el comunicado no expone ningún caso a nivel nacional que confirme la presencia de acetato de vitamina E en los dispositivos electrónicos.
En el documento se presenta como evidencia un estudio realizado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), descartando por completo la existencia de organismos que sustentan en sus investigaciones la urgencia de regular estos productos: la Sociedad Americana Contra el Cáncer, el Departamento de Salud de Inglaterra y las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, por nombrar algunos.
Si bien todos coinciden en que lo más conveniente es evitar el consumo de forma definitiva, también recalcan la importancia del acceso a información precisa, objetiva y basada en evidencia, la necesidad de contar con servicios de salud que no discriminen por el consumo de tabaco y nicotina, así como el derecho que tiene las personas usuarias de reemplazar los cigarros convencionales por vías de administración menos riesgosas.
Desde Instituto RIA coincidimos plenamente en que el bienestar de las infancias y adolescencias es prioridad, sin embargo esto no debe ser excusa para coartar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la población adulta, ni limitar el acceso a estrategias para mejorar su calidad de vida. La inclusión de las voces usuarias es fundamental, y deben estar siempre en el centro de las decisiones sobre su salud, con posibilidad de participar en la planificación, implementación y evaluación de programas y políticas públicas en la materia.
Como bien menciona el informe de la Plataforma para la Reducción de Daños en Nicotina, el prohibicionismo fracasó tanto para las sustancias legales como para las ilegales. Se debe abandonar la narrativa que reafirma únicamente la abstinencia como estrategia de prevención y cesación, ¡la reducción de riesgos y daños también salva vidas!
El comunicado emitido por la Cofepris, lejos de suspender la circulación de estos productos, solo refuerza el estigma hacia quienes deciden utilizarlos. Recordemos que la combustión es la principal causa de cáncer por el uso de tabaco, por lo que deben existir distintas opciones para mitigar los efectos adversos.
Sigamos difundiendo campañas de concientización sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y nicotina, pero también exijamos una regulación diferenciada que deje de obligarnos a recurrir al mercado ilegal. ¡Es tiempo de modernizar el debate para tomar decisiones más informadas, responsables y pragmáticas!
* Romina Vázquez estudió Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana. Es coordinadora en el Instituto RIA e investiga sobre política de drogas.