Las transferencias bajo el acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala se han detenido desde mediados de marzo de 2020
El gobierno de Joe Biden dijo que suspendería inmediatamente los acuerdos de asilo de la administración de Donald Trump con El Salvador, Guatemala y Honduras, parte de un intento por revertir las políticas inmigratorias estrictas de su predecesor republicano.
En un comunicado el sábado, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos "suspendió e inició el proceso para terminar los Acuerdos de Cooperación de Asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras como los primeros pasos concretos en la senda hacia una mayor colaboración y cooperación en la región expuestos por el presidente Biden".
Los llamados acuerdos de "tercer país seguro", firmados en 2019 por el gobierno de Trump y los países centroamericanos, obligan a los solicitantes de asilo de la región a buscar refugio primero en esos países antes de postular en Estados Unidos.
Las políticas, parte de una controvertida campaña de Trump para reprimir a inmigrantes indocumentados de Centroamérica que representan a una gran parte de los detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, nunca se implementaron con El Salvador y Honduras, dijo el sábado el Departamento de Estado.
Las transferencias bajo el acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala se han detenido desde mediados de marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, agrega el comunicado.
El anuncio del sábado se produjo después de que Biden dio a conocer una serie de medidas la semana pasada destinadas a renovar el sistema de inmigración de Estados Unidos, incluido un grupo de trabajo para reunir a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México y otro para aumentar el límite anual de refugiados.
Una de las órdenes pide a Blinken que "considere rápidamente" si notifica a los gobiernos de los tres países que Estados Unidos tiene la intención de suspender y rescindir los Acuerdos de Cooperación de Asilo. También pide al Secretario de Seguridad Nacional y al Fiscal General que determinen si derogan una norma que implementa los acuerdos.