Por ello anunciaron que la Fundación Mary Street Jenkins "presentará denuncias contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales cometidos en fechas recientes".
La Fundación Jenkins anunció presentar denuncias penales contra las autoridades estatales que resulten responsables, por el incumplimiento de mandatos federales expresados en la suspensión de amparo que el Juzgado Tercero de Circuito otorgó a favor del antiguo patronato.
Lo anterior al consignar la negativa de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del gobierno estatal a cumplir los mandatos federales expresados por dicho juzgado federal que mandara la devolución de las instalaciones y la restitución del patronato anterior.
Por ello anunciaron que la Fundación Mary Street Jenkins "presentará denuncias contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales cometidos en fechas recientes".
Lo anterior ante la negativa, tanto de la Junta como del nuevo patronato a reconocer la mencionada suspensión de amparo, concedida al anterior patronato para la devolución del campus y las cuentas bancarias, bajo el argumento de que dicho recurso legal no tiene dichos alcances, debido a que fue emitido por un secretario y no un juez.
Por ello, en respuesta, la Fundación señalo que la omisión a la suspención de amparo demuestra "con claridad una serie de violaciones a derechos humanos que el Juzgado federal ha detectado a raíz de la intervención ilegal en el campus en la que participó la Policía Estatal armada"
Además señala que la desobediencia a dicho amparo "en sí misma representa conductas ilicitas desde el aseguramiento del campus como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad de informes rendidos ante la autoridad judicial.
Finalmente la fundación denunció la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el gobierno del estado, lo cual señala "demuestran un clima de persecusión que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión de amparo para recuperar el campus, lo cual constituye un intento de despojo con tintes de expropiación", por lo que acusó una campaña dolosa que usa la fuerza estatal para normalizar los atropellos contra la UDLAP.