La más reciente denuncia que involucra a García Cabeza de Vaca es sobre la existencia de una red de contrabando de combustible
Al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se le acumulan los litigios vinculados con el crimen organizado y la corrupción, cuando en el calendario de su entidad aún le quedan 19 meses a su gobierno.
El más reciente de ellos es la petición de desafuero en su contra solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Pero también pesa sobre su administración la masacre en el poblado Santa Anita del municipio fronterizo de Camargo, donde el pasado 22 de enero fueron asesinadas 19 personas, 17 de ellas de nacionalidad guatemalteca, presuntamente por policías tamaulipecos que pertenecen al llamado Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), creado por el gobernador “para combatir al crimen organizado”.
Pendiente de desenlace también está su probable participación en la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en la que ha sido señalado de recibir sobornos millonarios para aprobar en 2013 la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
La más reciente denuncia que involucra a García Cabeza de Vaca es sobre la existencia de una red de contrabando de combustible en la frontera norte de Tamaulipas.
El desafuero
El martes 23 de febrero, la FGR presentó en la Cámara de Diputados la solicitud de procedencia contra García Cabeza de Vaca, misma que fue ratificada el viernes 26 de febrero.
Acompañados de seis cajas de cartón en cuyo interior se encuentra toda la documentación que ampara el litigio y que fue necesario transportar en diablitos, los funcionarios de la FGR confirmaron la petición de desafuero.
Desde la mañana del miércoles 24, el gobernador de Tamaulipas reaccionó. Anunció que viajaría a la Ciudad de México para acudir a la Cámara de Diputados y ser notificado de la denuncia.
En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, informó que entregó un oficio a la secretaria general de San Lázaro, Graciela Báez Reséndez, en la que señala que solicitó a la FGR, con fechas del 19 de agosto de 2020 y del 5 de febrero de 2021, se le citara para comparecer en la o las carpetas de investigación que se le hubieran podido iniciar, a fin de ejercer su derecho fundamental de defensa.
“Mis peticiones nunca fueron atendidas favorablemente, ya que hasta la fecha no se me ha enterado de las imputaciones en mi contra, ni se me ha permitido comparecer en la o las carpetas de investigación iniciadas, para ejercer mi derecho a defenderme.
“Lo anterior constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, ya que no se me permite conocer las imputaciones en mi contra, defenderme de ellas y ofrecer datos de prueba para acreditar mi inocencia.”
Y estimó que las denuncias “que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política directamente de Palacio Nacional”.
Una vez ratificada la solicitud de procedencia contra García Cabeza de Vaca, la sección instructora, que encabeza el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez, tiene tres días para notificar al inculpado, al que se le da un plazo de siete días para que responda a lo que el Ministerio Público plantea en su solicitud de desafuero.
Cumplidos esos siete días naturales se abren otros 30 para el desahogo de pruebas por ambas partes.
Después de esos 30 días la comisión instructora elabora un proyecto, mismo que presenta al pleno de la Cámara de Diputados. Enseguida participan la FGR y el inculpado y se abre un espacio para réplica del Ministerio Público y una contrarréplica del inculpado.
Ya sin la presencia de acusador y acusado, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias podrán hacer uso de la palabra y al final de esta deliberación se somete a votación.
Si la mayoría resuelve a favor del desafuero, se envía al Congreso de Tamaulipas que actualmente tiene mayoría panista y que será la instancia que finalmente resuelva si procede la separación del cargo del gobernador García Cabeza de Vaca.
La denuncia
La FGR basó la solicitud de desafuero en la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 29 de julio de 2020 y que dio a conocer Proceso en exclusiva en el número 2301 de su edición impresa del 6 de diciembre de 2020.
En esa denuncia se acusa al gobernador y a cinco miembros prominentes de su familia de los presuntos delitos de delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude.
De acuerdo con la UIF, los integrantes del círculo familiar del gobernador que habrían incurrido en actividades “constitutivas de delitos” son: su esposa, Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael (actual senador) y José Manuel; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.
La denuncia, que también incluye a empresas vinculadas al gobernador y a un par de socios, fue dirigida a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, y se basa principalmente en información con que cuenta la UIF, pero también en reportes de su similar en Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network, agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero.
En esta denuncia de la UIF se solicita a la FGR congelar 14 cuentas bancarias del gobernador, cuatro de su esposa, cuatro de su hermano Ismael y seis de su otro hermano, José Manuel, así como 11 de su madre y 20 de su suegro.
El portal de Proceso dio a conocer el 1 de diciembre de 2020 que la UIF alistaba otra denuncia penal contra el gobernador García Cabeza de Vaca, su familia y algunos de sus colaboradores, por los delitos de desvío de recursos públicos y defraudación fiscal, entre otros.
De acuerdo con la reportera de Milenio Jannet López Ponce, la UIF ha presentado cuatro denuncias contra el gobernador de Tamaulipas: tres habrían sido interpuestas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y una más –como lo informó Proceso–, ante la fiscalía que encabeza Mijangos Borja.
La primera que refiere Milenio fue presentada con fecha de 29 de julio y es la que publicó este semanario.
López Ponce detalla que otras dos se presentaron el 27 de noviembre del año pasado y la más reciente el 22 de enero de este año. Esta última se habría elaborado tras detectar nuevas irregularidades en los movimientos financieros del gobernador panista.
La masacre de Camargo
El pasado 22 de enero en el municipio fronterizo de Camargo al menos 12 elementos adscritos al Gopes –una organización de “élite” creada en 2020 por el gobernador García Cabeza de Vaca para combatir a grupos del crimen organizado– presuntamente participaron en la ejecución de 17 migrantes de nacionalidad guatemalteca y dos mexicanos, que aparentemente querían internarse en territorio de Estados Unidos.
Los cuerpos de los indocumentados habrían sido desmembrados y calcinados. En un principio se quiso acreditar la masacre a alguno de los cárteles del crimen organizado que operan en territorio tamaulipeco, pero, ante las evidencias, el gobierno de García Cabeza de Vaca terminó por admitir que los presuntos responsables pertenecen al desacreditado Gopes, mientras en redes sociales se les ha acusado de actuar como “escuadrones de la muerte” y “fabricantes de viudas”.
Hasta el momento, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, se apuró a presentar a los supuestos 12 responsables de la masacre, a quienes se acusa de homicidio, abuso de autoridad y falsificación de reportes oficiales.
Está pendiente la repatriación de los cadáveres de los 17 guatemaltecos y la reparación del daño que anunció en días pasados el gobierno federal.
Los sobornos
El 19 de agosto de 2020, la FGR difundió la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en la que aseguró que se “sobornó” a seis senadores y un diputado federal para aprobar la reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los legisladores a los que se entregaron sumas millonarias en efectivo, según la declaración de Lozoya, fueron: David Penchyna Grub, priista y entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, así como sus homólogos panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.
En su denuncia, Lozoya Austin asegura que también fue “sobornado” con 6 millones 800 mil pesos Ricardo Anaya Cortés, en aquel tiempo coordinador de los diputados federales panistas y luego candidato presidencial derrotado en los comicios de 2018.
En la denuncia ante la FGR, en un apartado de 10 páginas titulado “Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales”, Lozoya Austin destaca que la entrega de sobornos a los legisladores mencionados se hizo por instrucciones de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda en esos años, y con el conocimiento del presidente Peña Nieto.
En su narrativa, el exdirector de Pemex sostiene: “yo intervine principalmente en la aprobación de la reforma energética, entregando a través de terceros ciertos recursos en bolsas bancarias transparentes (que permitían ver la denominación de los billetes) y maletas a senadores integrantes de la Comisión de Energía en el Senado de la República y un diputado federal”.
Lozoya Austin dice aclarar que con los legisladores del PAN no fue una “negociación”, sino que “se trató claramente de una extorsión ejercida por ellos hacia mi persona, con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”.
El exdirector de Pemex sostiene que “el grupo que ejecutaba estas extorsiones era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury”.
Según el exfuncionario peñista, los “legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos”.
Lozoya Austin insiste en su escrito que “la actitud de los panistas en obtener recursos era brutal. Por ejemplo, además de extorsionarme, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y diversos contratistas de Pemex”.
De acuerdo con el exdirector de Pemex, “Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray establecieron como enlace para sobornar” a los legisladores panistas a Penchyna Grub, quien “en la mayoría de las reuniones iba acompañado por Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.
El desahogo del caso Lozoya Austin es uno de los pendientes que arrastra la FGR.
Huachicol tamaulipeco
La FGR abrió una investigación sobre la existencia de una red de contrabando de combustible en la que participarían empresarios y autoridades federales y estatales de Tamaulipas.
El contrabando de gasolina ingresaría por las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.
En la denuncia contra García Cabeza de Vaca en julio del año pasado se menciona que su suegro José Ramón Gómez Reséndez mantiene una disputa por un terreno de 55 hectáreas ubicado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, denominado Caballo Blanco, por el que atraviesan ductos que transportan gas y gasolina propiedad de Pemex.
Sobre el contrabando de combustible en la frontera tamaulipeca, el gobernador reconoció la existencia de una red que trafica con gasolina.
“Un servidor ha denunciado constantemente el contrabando que impunemente cruza por las aduanas de Tamaulipas, incluso mi gobierno ha puesto a disposición de la FGR pipas con combustible aparentemente importadas de manera irregular”, se deslindó.
El sexenio de García Cabeza de Vaca concluirá el 30 de septiembre de 2022. De acuerdo con panistas cercanos al gobernador, tiene planeado pedir licencia antes de que concluya su mandato para dedicarse a su candidatura presidencial.
Pero también dejaría el cargo para nombrar a un interino, ante la posibilidad de que su hermano Ismael, actual senador, participe como candidato a gobernador para evitar que la gubernatura se herede entre hermanos, procedimiento que el PRI ya usó en Coahuila entre los hermanos Humberto y Rubén Moreira, que se cedieron el poder poniendo entre ambos a un interino.