La iniciativa hace referencia al feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley Ingrid, la cual consiste en una reforma al Código Penal Federal (CPF) que sanciona a las personas servidoras públicas que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sensible de las víctimas de casos penales cuya investigación sigue en proceso.
El pleno de San Lázaro determinó por unanimidad que los funcionarios que violenten la nueva modificación al Artículo 225 del CPF incurrirán en una falta que se castigará con una pena de cuatro a 10 años de prisión más una multa de 100 a 150 días de su salario.
La ley especifica: “al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima” será castigado con la pena mencionada
La iniciativa surge a partir del feminicidio de Ingrid Escamilla, quien murió a manos de quien fuera su pareja sentimental en febrero de 2020 y que durante el proceso de investigación por las autoridades, se filtraron fotografías del cuerpo de la víctima.