El inmueble ubicado en la CDMX ya no podrá albergar espectáculos taurinos
El Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno federal -como emisor del Reglamento Taurino de 1997-, y la empresa Tauroplaza México, tienen diez días hábiles para impugnar la suspensión definitiva ante un tribunal colegiado de circuito.
Pero el tribunal colegiado no tendrá plazo para resolver. El Poder Judicial Federal (PJF) no labora durante la segunda quincena de julio y lo más probable es que los recursos de revisión serían resueltos hacia septiembre u octubre.
Salvo que sea revocada por el tribunal colegiado, la suspensión estará vigente durante todo el tiempo que le tome al PJF resolver sobre la constitucionalidad de estas normas, lo que podría tomar más de seis meses, o incluso un año, si es que el tema llega a la Suprema Corte de Justicia. Por lo pronto, no se podrá celebrar la novillada programada para el 2 de julio, y es poco probable que se puedan realizar las dos corridas y tres novilladas anunciadas para septiembre y octubre.
El juez no ha publicado detalles de la suspensión definitiva. Pero desde el 27 de mayo, cuando otorgó una suspensión provisional, Bass ya había adelantado que, a primera vista, las normas que regulan las corridas de toros en la Capital le parecían inconstitucionales, por ser contrarias al derecho humano a un medio ambiente sano.
"Del análisis preliminar de la materia de estudio de los actos reclamados, se obtiene que cualquier práctica que suponga un maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una cuestión cultural amparada ni prima facie ni de manera definitiva por la Constitución; por ende, de acuerdo con un cálculo de probabilidades, es posible anticipar que en la sentencia de amparo se puede declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados", afirmó Bass en la suspensión provisional.