Sostuvo que se tiene que terminar con todo el abuso laboral que generó un sistema laboral “perverso e insensible”
Con una amplia mayoría de 25 votos a favor y sólo dos abstenciones, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, aprobaron la minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto que regula la subcontratación laboral, conocida como “outsourcing”.
El dictamen aprobado, que reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que queda prohibida la subcontratación de personal, y solo se permite en servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta reforma garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido en la Constitución cuyo monto tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador.
Además, establece una multa de hasta 5 mil Unidades se Medida y Actualización, equivalentes a 4 millones 481 mil pesos a las empresas que violenten las disposiciones.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que se trata de una reforma trascendental e histórica que evitará la evasión fiscal de entre 300 mil y 500 mil millones de pesos al año que actualmente se registra en México por la contratación a través del “outsourcing”.
Sostuvo que se tiene que terminar con todo el abuso laboral que generó un sistema laboral “perverso e insensible”, diseñado sin considerar las necesidades sociales.
Reveló que, aunque las cifras del gobierno hablan de 4.5 millones de trabajadores contratados bajo este esquema, en realidad son entre 8 y diez millones, y aunque reconoció que este esquema se utiliza en todo el mundo, “en ningún otro país se ha deformado como en México, donde se utiliza para la simulación laboral, la evasión fiscal y la explotación de los trabajadores.
Los senadores de todos los partidos políticos expresaron su decisión de respaldar estos cambios legales que buscan poner fin a los abusos y las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores, aunque los panistas Kenia López y Erandi Bermúdez votaron en abstención para pedir que las sanciones entren en vigor hasta enero de 2021.
El también panista Damián Zepeda, explicó que su bancada presentará una reserva para que se dé tiempo a la entrada en vigor adecuada de esta legislación. Señaló que, de entrada, no es explicable que para el gobierno entre en vigor el 1 de enero de 2022 y para los privados en agosto de 2021. “Parecería que, para el gobierno, hay una aceptación de que no es tan fácil, pues se tiene que registrar en un padrón y llevar a cabo un montón de trámites. Qué bueno que sea así, pero le dan el tempo suficiente al gobierno para poder hacerlo, con toda la maquinaria, con toda la fortaleza, con toda la infraestructura, con todos los funcionarios que tiene. Y al privado le dicen que en tres meses tiene que estar. Me parece que no es algo sensato”, argumentó.
La priísta Claudia Ruiz Massieu afirmó que la subcontratación podrá existir, pero de una manera justa y fuera de toda sospecha, porque “quien sea contratado para una tarea bajo este esquema tendrá todos los beneficios de la ley”.
Dijo que muchas empresas usan este esquema no por perversidad, sino por necesidad, pero reconoció que ha afectado los derechos de los trabajadores por el incumplimiento de las normas laborales, además de que lesiona también las finanzas públicas, por el incumplimiento de las normas fiscales.
El dictamen será presentado este martes ante el pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación.