Hasta el momento en la investigación se habla de ocho contratos y se acusa a García Luna
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) levantó desde diciembre de 2020 una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero, desviación de recursos, entre otros delitos, que implican más de 300 mil millones de pesos, y a la cual se han ido aportando más elementos hasta el presente mes. Según una fuente de Presidencia, la denuncia podría alcanzar hasta al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
La SSPC, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, detalló que en ese sexenio se otorgaron adjudicaciones directas por 300 mil millones de pesos que pagó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por órdenes de las más altas autoridades de gobierno.
En la demanda radicada hoy en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la que interviene también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la misma dependencia implica a quien fuera el director de Adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Villarreal.
Hasta el momento en la investigación se habla de ocho contratos y se acusa a García Luna y a quien resulte responsable por los delitos ya mencionados.
Ayer, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosa Icela Rodríguez informaron que el gobierno federal negoció una reducción de 15 por ciento en los pagos de autoridades por el funcionamiento de ocho reclusorios federales, cuyos contratos fueron firmados en el sexenio de Calderón Hinojosa con empresas privadas, seis de las cuales traspasaron los beneficios a otras compañías.
Puntualizaron que actualmente hay varios procesos penales abiertos para investigar y determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados. La adjudicación se realizó de manera directa y actualmente se considera una transacción que provoca graves daños al erario.
El mandatario dijo que están en la mira contratos en otros sectores, al menos para quitarles “las aristas más nocivas” y recuperar lo que se pueda por lo que se obtuvo por soborno, influyentismo y moches, “ahora sí que como diría el clásico ‘haiga sido como haiga sido’”.
La carga de los contratos por los ocho penales federales fue en 2020 equivalente a casi 70 por ciento del presupuesto del organismo de prevención y readaptación social. En los nueve años recientes se ha pagado por esos centros 85 mil 398 millones de pesos.
Los contratos establecen una cuota fija sin importar el número de personas recluidas, por ejemplo, el centro femenil de Morelos se encuentra a 32 por ciento de su capacidad instalada pero se debe pagar como si estuviera lleno, de ahí que el gasto al día por persona encarcelada es de 6 mil 634 pesos, como “un hotel de cinco estrellas o más”, aseguró la secretaria Rodríguez.
Con el acuerdo se pagará a los particulares en el año en curso 13 mil 543 millones de pesos, 2 mil 390 millones menos que lo programado antes del convenio.
El ahorro en el periodo 2021-2024 será de 10 mil 106 millones –“con lo que se pueden financiar todos los cuarteles de la Guardia Nacional”, consideró el Presidente– y de 2021 hasta el fin del contrato, 41 mil 496 millones de pesos.
Los penales se encuentran en ocho entidades, en contratos celebrados entre 2010 y 2011, en favor de Pápagos Servicios para la infraestructura, firma que trasladó los derechos a Exi Quantium; Sarre Infraestructura y Servicios, igualmente lo pasó a la empresa mencionada, mientras que Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca se lo vendió a GIA, de Hipólito Gerard.
DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria lo conserva, al igual que Concesionaria en Infraestructura de Michoacán.
Además, Makobil y CRS Morelos pasaron sus derechos a Capital Inbursa, mientras que Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato lo cedió a Black Rock.