“No es petición, queja o mecanismo extrajudicial”
La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo busca justicia a 11 mil 162 kilómetros de distancia porque en su país, México, se la niegan.
En un hecho inédito, la asamblea comunitaria presentó en octubre pasado una demanda civil ante la Corte de París, Francia, contra el gigante energético Electricité de France (EDF), el cual pretende establecer el parque eólico Gunaa Sicarú (Mujer Bonita) en ese entorno zapoteco sin el consentimiento de la comunidad, lo que, dicen, viola sus derechos humanos.
En Oaxaca se autorizaron ya 28 parques eólicos en municipios de Juchitán, Santo Domingo Ingenio, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Ciudad Ixtepec, de los cuales 23 son operados principalmente por empresas españolas, francesas y alemanas con inversiones japonesas. Sólo en uno de ellos se hizo una consulta indígena.
También hay un contrato otorgado directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para el abastecimiento de energía, así como otros cuatro que están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.
Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), y Miriam Saage-Maaß, coordinadora legal del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), destacan que la demanda civil es la primera acción legal en su tipo iniciada por un pueblo indígena, el cual tuvo que acudir a instancias extranjeras porque “las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad”.
Guillermo Torres, abogado senior en Prodesc, informó que debido la pandemia y a prácticas dilatorias por parte de la empresa EDF, la audiencia programada para inicio de este año se difirió para mayo próximo.
En la demanda civil presentada ante la Corte de París, los comuneros zapotecos solicitan la suspensión del proyecto hasta que la firma francesa cumpla su obligación de respetar derechos humanos y se garantice el consentimiento libre, previo e informado entre los pobladores de Unión Hidalgo.
La Ley del Deber de Vigilancia de Empresas Matrices y Subsidiarias de Francia, aprobada en 2017, establece el deber de vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos, misma que se retomó para evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de la comunidad indígena asentada en el Istmo de Tehuantepec.
Fue el 13 de octubre de 2020 cuando un sector de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo presentó la demanda civil en la Corte de París y se le notificó personalmente a la empresa:
“No es petición, queja o mecanismo extrajudicial; se trata de un procedimiento judicial en forma. Es un juicio con todas las etapas y con la intervención de un juez, con el ofrecimiento de prueba, con un periodo de alegatos y con una elección judicial”, sostiene Torres.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2321 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.