El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Suprema Corte de Justicia resolver en definitiva los amparos de empresas privadas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por medio de su Consejera Jurídica, María Estela Ríos, el Ejecutivo presentó a la Corte en diciembre una solicitud de reasunción de competencia, para que asuma 17 amparos en revisión que, desde 2021 y principios de 2022, están pendiente de sentencia final en los dos tribunales colegiados Especializados en Competencia Económica.
Se trata de recursos que el gobierno promovió para impugnar sentencias de primera instancia, en las cuales los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro declararon inconstitucionales los aspectos centrales de la reforma, entre ellos el despacho preferente para la energía generada por plantas de la CFE, o de productores privados que trabajan exclusivamente para CFE.
Estos temas fueron discutidos por el Pleno de la Corte en abril de 2022, al revisar una acción de de diputados de oposición, pero si bien en varios casos hubo seis o siete votos por invalidar las normas, en ninguno se alcanzaron los ocho votos necesarios, por lo que no hubo pronunciamiento alguno del máximo tribunal.
Para conceder estos amparos, bastan seis votos en el Pleno de la Corte o tres votos en una de las Salas. Si bien los amparos no pueden invalidar la reforma con efectos generales, si la tornarían inoperante, pues exentarían de su aplicación a todas las empresas que presentaron alrededor de 200 demandas.