Prácticamente la mitad de esos contratos, 95 de los 180, se concentró en cinco fundadores de Signos Vitales
María Amparo Casar, Jaime Zabludovsky, Luis Carlos Ugalde, Edna Jaime, Luis de la Calle, Alejandro Hope, Miguel Székely y Carlos Mancera tienen en común ser fundadores de Signos Vitales, la asociación civil que acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador de destruir a México y llevarlo al totalitarismo, pero también los unen los millonarios contratos que recibieron del Gobierno de Enrique Peña Nieto y que perdieron en el actual.
Quince de los de los 44 integrantes de Signos Vitales, creada en 2020 y presidida por el economista Enrique Cárdenas —quien quiso ser candidato de Morena a Gobernador de Puebla en 2018—, recibieron mediante consultorías y empresas de las que son integrantes por lo menos 188 contratos públicos por más de 780 millones de pesos en dependencias del Gobierno del priista Peña Nieto.
Prácticamente la mitad de esos contratos, 95 de los 180, se concentró en cinco fundadores de Signos Vitales —Edna Jaime, Alejandro Hope Pinson, Mancera Corcuera, Székely Pardo y Juan Carlos Belausteguigoitia Rius—, que acumularon 731 millones 700 mil pesos, es decir, más del 93.7 por ciento del total.
Pero también recibieron contratos de Peña Nieto: Luis de la Calle, exfuncionario de Ernesto Zedillo; Carlos Elizondo Mayer Serra, consejero de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Vicente Fox; Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con Peña Nieto, todos miembros del “comité asesor de especialistas” de Signos Vitales.
Las otras 15 empresas están relacionadas en un segundo grado con los integrantes de Signos Vitales a través de sus familiares de primera línea como padre, madre, hijo/a, hermana/o y cónyuge.
Más aún: varios de los 15 integrantes de Signos Vitales que más contratos millonarios recibieron durante el sexenio de Peña Nieto han sido servidores públicos en diferentes momentos en los gobiernos de Carlos Salinas, Zedillo, Fox y Calderón.
De hecho, más de la mitad de los integrantes de esta asociación civil —27 de 44— han ocupado cargos directivos de alta responsabilidad en diferentes administraciones del Gobierno federal y gobiernos estatales en el periodo del 2000 al 2020.
Y es que así como los grandes empresarios se han movilizado para oponerse a políticas del Gobierno de López Obrador, como el pago de impuestos, el fogoso activismo de organizaciones y personajes de la sociedad civil de México puede explicarse por los millonarios negocios que tenían con los gobiernos del PRI y del PAN, ahora coaligados en “Va por México”.
Del sexenio de Peña Nieto al de López Obrador, los negocios se vinieron abajo, como lo acreditan los números: Los 15 integrantes de Signos Vitales que recibieron 170 contratos públicos por un monto de 774.4 millones de pesos en el sexenio del priista, pero en los primeros tres primeros años de López Obrador sólo siete de ellos recibieron 18 contratos públicos por apenas seis millones de pesos.
Los 15 integrantes vinculados a contrataciones públicas durante el periodo 2012-2021 son actores que han visto afectados sus intereses en los sectores económicos de la salud, el alimenticio, el de energía y educación, como lo manifiestan en sus posiciones que coinciden con ”Va por México”.
Esta coalición fue construida por Claudio X. González Guajardo, presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuya sucesora, Casar Pérez, fundó Signos Vitales y fue coordinadora de asesores de Santiago Creel, Secretario de Gobernación de Vicente Fox, también constructor clave de la alianza.
Desde su nacimiento, en mayo de 2020, Signos Vitales se propuso “servir como una luz que muestre la dirección que México está tomando, a nivel nacional e internacional, y como una voz de alerta en aquellos asuntos relevantes cuando la viabilidad del país, armonía social, prosperidad para todos, respeto a los derechos humanos, democracia y libertad pudieran correr peligro”.
Esta organización, integrada por el “comité ejecutivo” de nueve personas y otras 34 que forman el “comité asesor de especialistas”, reconoce expresamente que “está ligada con organizaciones de la sociedad civil y con universidades, centros de investigación y medios de comunicación en el país y en el extranjero, con fundaciones nacionales y extranjeras, y con organismos internacionales”.
Y sí: Los integrantes de Signos Vitales, que “actúan de manera individual y no a nombre de alguna institución”, están vinculados a empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que sólo en el Gobierno de Peña Nieto obtuvieron jugosos contratos que ya no tienen en el de López Obrador.