Necesario cumplir con una añejada demanda de los colectivos LGBTTI, señalan
En comisiones unidas, Diputados locales avalaron reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que permitirá el reconocimiento legal del cambio de identidad sexogenérica, el dictamen se turnó al pleno del Poder Legislativo para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
En entrevista, posterior a la aprobación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vianey García Romero señaló que la aprobación de la “Ley Agnes” es un logro histórico en Puebla.
“Reconozco de manera histórica la lucha que ellos han dado y que a ellos se debe este logro, no dejar de presionar, no dejar de insistir y no dejar que no se les garantizará el derecho a tener una identidad completa, el triunfo es de ellas y ellos, espero que se vote en el pleno para que se concrete este paso importante para el enfoque de los derechos humanos”, dijo la legisladora local.
Por mayoría de votos, diputados locales de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; así como la de Procuración y Administración de Justicia avalaron el dictamen; durante su exposición, la diputada Vianey García Romero señaló la necesidad de reformar la Constitución Política y el Código Civil para cumplir con una añejada demanda del colectivo LGBTTI.
“No será requisito acreditar intervención quirúrgica, alguna terapia u otro diagnóstico o procedimiento de modificación corporal o de apariencia física, incluyendo la vestimenta, modo de hablar, modales ni ninguna otra condición que dañe la dignidad humana”, expuso.
La legisladora local detalló que la emisión de una nueva acta de nacimiento por el Registro Civil no eximirá al solicitante de situaciones legales previas por lo que seguirán vigentes los procesos penales o administrativo que enfrente.
Durante la sesión, la morenista Estefanía Rodríguez Sandoval reprochó el incumplimiento de las fechas para la aprobación de esta iniciativa, a pesar de los acuerdos con grupos de activistas y colectivos, pactados en 2020; sin embargo, finalmente se aprobaron las reformas.