Miembros manejan el patrimonio del ente como si fuera propio, expone el mandatario
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que el litigio de la Fundación Mary Street Jenkins no está resuelto, pues falta el fallo Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, tras la orden de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ello se determinarán las acciones legales por el desvío y lavado de dinero por 14 mil millones de pesos, por parte de la familia Jenkins.
“El tema no está resuelto, se queda en manos de autoridades y del fuero común, eso significa la resolución de ayer, pero se señala por todo lo que dijeron los Jenkins y Ernesto Derbez sobre este tema, la ley solo se está viendo aplicada, es lo que puedo decir”, comentó el mandatario estatal.
El mandatario estatal comentó que la ley se aplicará, pues aunque los seis integrantes de la familia Jenkins daban por hecho que la SCJN resolvería un fallo a su favor, esto no ocurrió, de tal forma que todo dependerá otras instancias legales.
Refirió que gran parte del dinero de la Fundación Mary Street Jenkis esta siendo gastado para abogados y en este litigio, el que se abrió en 2020 y que determinó órdenes de aprehensión para parte de esta familia, luego de la denuncia presentada en 2017 por Guillermo Jenkins de Landa.
Ahora el Tribunal Colegiado en Materia Penal determinará emitir una resolución respecto a las acciones legales en contra de los demandados: Elodia Sofía de Landa Irizar, Margarita Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Juan Carlos y Roberto Jenkins de Landa.
“Ellos manejaban esa fundación como si fueran de su patrimonio propio y no como administradores que lo eran de la fundación, cuando se reabre la investigación allá en la Fiscalía General de la República, se reabre porque para ello estaba ya cerrada por una determinación de no ejercicio en otro tiempo cuando toda esa barredora jurídica y de enorme cantidad de dinero se aplicó a favor de la impunidad, se abre y se dictan ordenes de aprehensión y se envía a Puebla para que pueda investigar lo que proceda conforme a su competencia”, detalló el gobernador.
Cabe recordar que, el año pasado el gobierno estatal intervino en el caso, por medio de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, pero en febrero de este año se desistió de la demanda.