La propia institución revisará el procedimiento disciplinario
La Contraloría del Ejecutivo en Tlaxcala se declaró incompetente para conocer sobre una denuncia en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el probable mal manejo de recursos públicos, y en un acto inédito e inverosímil -que los especialistas califican como aberración jurídica- turnó el expediente respectivo al propio organismo autónomo para que se auto investigue.
Este medio tuvo una copia del oficio que el pasado 5 de abril turnó Alejandro Martínez Quiroz, titular de la autoridad investigadora de la Contraloría del Ejecutivo, al presidente de la CEDH, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, en el que le remite la documentación respectiva “para investigación”.
En el oficio CE-042021/DJ/AI-297 se adjunta todo lo relacionado con el expediente E.I.461/2019/DJ/AI-2, en el que Martínez Quiroz pide al ombudsperson que “en el ámbito de su competencia proceda a la instauración del procedimiento disciplinario y, en su caso, a la aplicación de la sanción correspondiente, por los hechos que se señalan”.
En dicho expediente se documenta que se incumplió “con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018 por la cantidad de $3,110,024.51 pesos que representa el 12.8 por ciento del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $24,387,004.32”.
Según el desglose, el probable daño patrimonial fue por lo siguiente: “$3,071,551.63 por pagos de gastos improcedentes; $8,512.62 por pago de gastos en exceso; y $29,960.21 por deudores diversos: recursos públicos otorgados no comprobados”.
Ombudsperson, viajero y mentiroso
Durante 2018, Cid del Prado Pineda utilizó parte del presupuesto lo mismo para viajar al extranjero sin justificación a distintos países, que pagar sus traslados a Puebla donde estudia una maestría, e incluso para cubrir los gastos del recibimiento de un “doctorado honoris causa” en una institución de cuestionada reputación.
Así lo evidencian documentos oficiales, disponibles tanto en la página web de la propia Comisión, como en la del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Producto de esos excesos, la cuenta pública del organismo correspondiente al año 2018 fue reprobada por el Congreso local, tras encontrar anomalías financieras por más de 3.1 millones de pesos.
Pero no sólo eso, en uno de sus desplazamientos, el ombudsperson fingió acudir a un congreso internacional en Andorra La Vella, cuando en realidad anduvo de paseo por España y Francia, junto con otra persona.
Documentos del OFS evidencian que Del Prado Pineda intentó justificar 81 mil 389.68 pesos “para trámites de boletos de avión y gastos realizados por concepto de viaje a Andorra La Vella, los días del 20 al 22 de noviembre de 2018, para asistir al XXIII Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman”.
Sin embargo, “de la documentación presentada, no justifica la asistencia a dicho Congreso, no presenta un informe detallado de los trabajos realizados, ni de los beneficios alcanzados por la CEDH”.