parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz, deberá excusarse de participar en el análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma constitucional del Tribunal Superior de Justicia, presidido por su esposo, el magistrado Héctor Sánchez Sánchez.
La asepsia política y pulcritud que requiere el proceso, que comenzó con la recepción del documento cuyo remitente es el Ejecutivo, debería comenzar por hacer a un lado todo conflicto de interés, como el que significa tener a un matrimonio en puestos clave para poder desahogar el procedimiento obligado en el Congreso de Puebla.
De la discusión también se deberá observar la posición que asumirán al menos dos figuras en la composición cameral: la hija de Ignacio Mier Velazco, Daniela Mier Bañuelos, llevada sin méritos políticos ni partidarios a una diputación de la 4T, y a un adicto a ese clan, Iván Herrera.
En la suma numérica, la iniciativa para reinventar el aparto de impartición de justicia con los votos mayoritarios de Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PRI, el Pacto Social de Integración y una fracción del PAN, no debería tener obstáculos.
La mayoría calificada está garantizada, pero en toda reforma con los alcances planteados en torno al sistema de impartición de justicia, exige definiciones que permiten trazar un mapa de intereses creados, como el del grandilocuente Mier Velazco, o los de un grupo en el PAN que pretende chantajear a la bancada priista con la advertencia de terminar con la coalición opositora Va X Puebla en 2024 si van por la afirmativa.
Los elementos expuestos permiten observar que la decisión de cambiar el estatus quo en el aparato de justicia en Puebla está politizado. Agendas personales, intereses propios y grupos que buscan perpetuar cotos o extender influencias indebidas ha comenzado a marcar la agenda pública.
Y es que la propuesta de reforma al Poder Judicial en Puebla volvió a exhibir a la clase política local. Poca ponderación en torno a la imperiosa necesidad de mejorar estándares para llevar justicia a quien no posee emolumentos para pagar despachos ostentosos, y sí mucho interés mal disimulado.
Lejos de asistir a un debate entre especialistas en derecho, políticas públicas, colegios o barras de abogados, el silencio cómodo ha sido la característica en torno del documento que plantea modificar en su totalidad el aparato de impartición de justicia. Sigue siendo el de los abogados un perfil aldeano, huidizo y convenientemente acomodaticio.
La iniciativa de reforma constitucional para la creación del Tribunal Constitucional, fortalecer el Consejo de la Judicatura y la incorporación del Tribunal de Justicia Administrativa está en las comisiones que deben conocer del caso.
Si no hay cambio en el calendario, el Legislativo la llevará al pleno de la Cámara para su discusión, análisis y votación el jueves 6 de octubre. Es una semana que nos permitirá ver con mayor detalle con qué están hechos cada uno de los actores involucrados. La historia siempre reserva un sitio particular para cada uno de ellos. Habrá que tomar nota puntal de este episodio.
@FerMaldonadoMX