No comparte la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales.
Afirma que respeta las resoluciones de la SCJN, pero no comparte la decisión de declarar inconstitucional la aplicación de esta figura al contrabando, defraudación fiscal simple y facturación falsa
El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, afirmó que en nuestro país se tiene que combatir la corrupción, el abuso de poder y el saqueo, por lo que no comparte la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucional la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales.
En conferencia de prensa, el senador recordó que esta propuesta tuvo el objetivo de combatir a las empresas fantasmas, la facturación apócrifa y los desvíos de recursos públicos, “un flagelo que ha lastimado al país”.
“Mantengo mi postura firme de que la corrupción, el abuso de poder, el saqueo y la actitud desleal de un político que tiene a cargo las finanzas públicas se tienen que combatir”, afirmó el legislador.
Comentó que son respetuosos de las determinaciones de la Corte; sin embargo, senadoras y senadores continuarán con su labor y presentarán iniciativas consecuentes para continuar con su trabajo legislativo con el fin de erradicar la corrupción.
Recordó que en México existen dos pilares fundamentales del derecho: la presunción de inocencia y el debido proceso, los cuales se garantizan. Por ello, subrayó que no se trata de un tema político, sino de combate a la corrupción y al abuso de poder.
El objetivo de la prisión preventiva oficiosa para combatir el abuso y el saqueo en nuestro país está plenamente justificado, pues hay quienes, al hacer uso del ejercicio público realizaron atropellos y saquearon a la nación.
“Nosotros estamos obligados en el Senado de la República a seguir combatiendo la corrupción y presentar iniciativas para limitar el abuso de delincuentes que se disfrazan de empresarios”.
Armenta Mier recordó que los políticos del viejo régimen utilizaron la ley y el poder para enriquecerse y dañar las finanzas públicas del país, ya que desviaron alrededor de 4.5 billones de pesos a través de facturas falsas, de ahí que fuera necesario crear esta propuesta.