En Sesión Ordinaria, diputadas y diputados presentaron iniciativas y puntos de acuerdo en materia de lenguas indígenas, economía, procuración de justicia, transparencia, educación
En sesión ordinaria virtual de la LX Legislatura del Congreso del Estado, se presentó la iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción XI del artículo 24 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, para permitir contar con defensores especializados que velen en todo momento por la protección cuidadosa y reforzada de los derechos de las y los adolescentes.
Al hacer uso de la palabra el diputado Emilio Maurer Espinosa explicó que la iniciativa tiene la intención de establecer como obligación de las y los defensores públicos asistir y acreditar los cursos de actualización y especialización profesional que determine la Defensoría Pública; incluyendo conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
A través de un punto diferente en el orden del día se dio lectura la iniciativa de decreto por la que por el que se reforma la fracción XLI del artículo 85 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, para procurar el rescate de las lenguas indígenas en la entidad.
Como parte de la explicación la diputada Guadalupe Esquitín Lastiri refirió que la iniciativa busca establecer que la enseñanza de las lenguas indígenas originarias del estado figure como una política pública en los programas, proyectos y acciones que emprenda el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Pueblos Indígenas para su estudio y resolución procedente.
En la sesión, también, en otro punto la diputada Guadalupe Esquitín Lastiri solicita exhortar al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, para que, en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura, implementen un programa de enseñanza de lenguas indígenas mediante cursos que se ofrezcan en el sistema educativo estatal y en las casas de cultura de la de Puebla.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Pueblos Indígenas para su estudio y resolución procedente.
En otro momento del orden del día se dio lectura al dictamen con minuta de decreto por la que se reforma la denominación de la Sección Uno del Capítulo I del Título Cuarto y los artículos 63, 64 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, para coadyuvar a la reactivación económica.
En este sentido, el diputado Emilio Maurer Espinosa, refirió que el proyecto tiene como finalidad complementar las diversas iniciativas presentadas para contribuir a la reactivación económica de Puebla, así como reconocer y adicionar los procedimientos de adjudicación locales en los que únicamente podrán participar proveedores con domicilio en el estado.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y resolución procedente.
Por medio de otro punto en el orden del día la diputada, Mónica Lara Chávez, presentó una propuesta para exhortar a la Auditoría Superior del Estado, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y a los 217 ayuntamientos para que realicen las acciones necesarias para garantizar que las futuras administraciones municipales, para el periodo 2021-2024, cuenten con las herramientas necesarias para el correcto y eficaz inicio de sus funciones, velando por el otorgamiento oportuno de las claves de acceso, acuses y archivos, por parte de las y los servidores públicos salientes a las y los servidores públicos entrantes.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Transparencia y acceso a la Información para su estudio y resolución procedente.
A través de un punto diferente del orden, la diputada María del Carmen Saavedra Fernández, dio lectura al dictamen por el que solicita exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y al Instituto Electoral del Estado de Puebla, a salvaguardad la seguridad de las y los candidatos, y de la ciudadanía en el desarrollo de las campañas y los comicios electorales a celebrarse el 6 de junio.