Ecosistema digital escribe Jesús Olmos
El 9 de enero de 2026 marcó un día que pocos recordarán con orgullo, pero sí con inquietud: entró en vigor en México el registro obligatorio de líneas celulares, una medida que obliga a asociar cada número telefónico con una identidad oficial y una Clave Única de Registro de Población (CURP) antes del 30 de junio, so pena de suspensión del servicio. La medida, impulsada por el gobierno federal bajo la bandera de combatir la extorsión telefónica y otros delitos, pretende —en teoría— cerrar el anonimato que expertos señalan como factor en actividades delictivas.
No obstante, más allá de la retórica oficial, la implementación ha sido un ejercicio de voluntarismo desbordado y mal calculado. Las críticas, lideradas por organizaciones como R3D en Defensa de los Derechos Digitales, no son simples objeciones técnicas: señalan un problema de diseño profundo, que convierte una política de seguridad en una política de riesgo sistemático para derechos humanos fundamentales
Lo que comenzó como un intento por ”darle nombre y rostro” al usuario de telefonía móvil —una forma de frenar fraudes— se ha convertido en una narrativa dual: por un lado, el Estado anuncia cifras de millones de registros completados; por otro, la población y expertos alertan que el proceso es técnicamente defectuoso y legalmente peligroso.
Un ejemplo tangible de esta dualidad ocurre en el ámbito de la ciberseguridad de los portales de registro. Usuarios en X como Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) documentaron que el portal de Telcel, uno de los proveedores involucrados en el proceso, presentó vulnerabilidades que exponían datos personales sensibles —incluyendo CURP y otros identificadores— con solo ingresar un número telefónico. Esto no es un temor abstruso: es evidencia de que la infraestructura destinada a proteger puede terminar facilitando el ataque.
Las repercusiones van más allá de lo tecnológico. Desde R3D se advierte que no existe evidencia concluyente de que estos registros obligatorios reduzcan la criminalidad, y que medidas de este tipo pueden incentivar prácticas como la clonación de SIM, el contrabando de tarjetas y hasta nuevas formas de robo de identidad. Incluso organismos internacionales como la GSMA han señalado que el impacto real de registros de SIM en la reducción del delito es limitado.
Al mismo tiempo, operadores de telecomunicaciones han pedido aplazar el registro porque tanto la exigencia como el diseño del padrón representan un desafío técnico gigantesco: registrar más de 160 millones de líneas en meses, con sistemas poco probados y con consecuencias directas para usuarios que dependen de esos números para su vida diaria.
Más preocupante aún es cómo esta política se inserta en un contexto donde datos personales y vigilancia social convergen sin marcos claros de control democrático. Como advirtió el director interino de R3D, Pepe Flores, la medida —junto con otras reformas recientes— podría constituir una puerta a la vigilancia masiva y al cruce de bases de datos sin contrapesos adecuados.
La seguridad no puede ser una excusa para erosionar derechos. La vida digital de personas y colectivos no merece convertirse en un experimento legal ni tecnológico. El registro de líneas puede tener un objetivo legítimo —combatir delitos—, pero su ejecución precipitada y mal diseñada lo transforma en una receta para el abuso.
Si México quiere realmente proteger a su población, debe hacerlo con respeto irrestricto a la privacidad, a la protección de datos y a la seguridad jurídica. Suspender, revisar y rediseñar esta política con participación pública —y no imponerla— no es un lujo, es una obligación democrática inaplazable.
@cm_ramoslinares
