Historias de un joven reportero, escribe Gerardo Ruiz
El mensaje del gobernador Alejandro Armenta fue contundente.
“No acepten delincuentes como candidatos, no acepten delincuentes como aspirantes, porque si un partido acepta delincuentes como candidatos, ese partido se vuelve delincuente. Nosotros no pensamos en la próxima elección, pensamos en la próxima generación”.
Desde su investidura, Armenta Mier mandó una petición que debe entenderse como una obligación para todas las dirigencias nacionales, tanto oficialistas como opositoras, para blindar los comicios intermedios del próximo en los que se renovarán las alcaldías de los 217 municipios, las 41 curules del Congreso del estado, además de las 16 diputaciones federales.
Las palabras del mandatario poblano no deben ser ignoradas ni mucho menos minimizadas.
Y es que la infiltración del Crimen Organizado en la política es un problema serio y real en todo el país.
Puebla no es la excepción.
El mandatario poblano no se equivoca al exigir que los partidos políticos hagan investigaciones exhaustivas, procesos internos transparentes y rigurosos y filtren los aspirantes que buscan presidir un Ayuntamiento, llegar al Congreso local u ocupar un lugar en la Cámara de Diputados.
Además, Armenta advirtió que utilizará las mañaneras para denunciar públicamente a delincuentes que busquen competir por un cargo de elección popular en los comicios del próximo año.
También pidió a la Fiscalía General del Estado informar por escrito a los partidos políticos si existen aspirantes que presuntamente hayan cometido algún delito o tengan vínculos con el CO.
Apenas el año pasado, en específico el 7 de marzo, la Fiscalía, apoyados por el Ejército y la Marina, desplegaron un fuerte operativo en el municipio de Tlachichuca, a fin de detener a Ramiro, Uruviel y Giovanni Gonzáles Vieyra.
Uruviel gobernaba Chalchicomula de Sesma, Giovanni controlaba Tlachichuca, y Ramiro era edil de San Nicolás Buenos Aires. A los hermanos Vieyra se les imputaron los delitos de extorsión, secuestro y robo agravado, pero las investigaciones también llevaron a presunta venta de droga.
En mayo, cayeron los ediles de Cuautempan, Gerardo Cortés; y de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez. Al primero se le encontraron drogas, armas de fuego y cartuchos útiles en cuatro casas cateadas, mientras que al segundo lo ligaron con cobro de piso a comerciantes del municipio, venta de droga y robo a transportistas y negocios de la zona.
No solo ellos, el año pasado también explotó el escándalo de Anallely López, exdelegada de la Secretaría del Bienestar, en la microrregión de Libres, y la detención del empresario poblano Nazario, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
A estos hay que sumarles la aprehensión de Tania Trejo, en el 2024, expriista vinculada a La Barredora, del CJNG; y al senador Néstor Camarillo, quien fue incluido en la lista de Narcopolíticos por el portal del mismo nombre.
Ni que decir de la familia Martínez, cuyo patriarca es Antonio Valente Martínez Fuentes, conocido como "El Toñín", en Quecholac, municipio que hoy gobierna la hija de esta, María Guadalupe.
Insisto, el exhorto del gobernador Armenta no debe ser ignorado ni pasado por alto por ningún partido.
No solo se trata de postular a delincuentes, también es el tema del financiamiento de los cárteles para los candidatos.
El Universal reveló esta misma semana que la fallida precampaña del nefasto Adán Augusto López se financió con dinero de La Barredora y del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues uno de los comprobantes de pago realizado a la campaña fue de Fernando Paniagua Garduño, socio del preso Hernán Bermúdez Requena, líder de la Barredora, en la empresa Inmobiliaria y Constructora Samaria, empresa que fundaron el 20 de julio del 2000 en Villahermosa.
Éste habría aportado 189 mil pesos para nueve asambleas de Adán en los estados de Jalisco, Aguascalientes y Sonora en agosto de 2023.
El Crimen Organizado claro que está enquistado en las fuerzas políticas.
Desafortunadamente, ningún partido se salva.
Ni uno solo.
@GerardoRuizInc
