Elimina la legislación que sustentaba medidas contra emisiones en Estados Unidos
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio un duro golpe al combate al cambio climático en su país, al poner fin a la regulación de la Agencia de Protección Ambiental para limitar la contaminación que contribuye al calentamiento global y que emiten los tubos de escape de vehículos, refinerías de petróleo y fábricas.
El republicano ha invalidado el llamado “dictamen de peligro”, la conclusión científica adoptada en 2009 que establecía que seis gases de efecto invernadero —entre ellos el dióxido de carbono y el metano— suponen una amenaza para la salud pública. Ese pronunciamiento era la piedra angular que permitía a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) regular las emisiones bajo la Ley de Aire Limpio. Sin él, el andamiaje jurídico que sostenía los límites federales a la contaminación queda desactivado.
El anuncio, realizado tras una reunión con el administrador de la EPA, Lee Zeldin, implica la eliminación inmediata de las normas que fijaban estándares de emisiones para vehículos y motores desde 2012 hasta 2027 y más allá en Estados Unidos, lo que puede traducirse en desaparecer las obligaciones federales de medir, reportar y cumplir objetivos de reducción de gases contaminantes en el sector del automóvil, responsable de cerca de una cuarta parte de las emisiones del país.
Trump ha presentado la medida como “la mayor desregulación de la historia estadounidense” y la ha vinculado a una rebaja de costes: la Casa Blanca estima un ahorro de 1,3 billones de dólares para los contribuyentes y una reducción de hasta 3.000 dólares en el precio medio de los coches nuevos. El mensaje político es claro: priorizar el alivio económico inmediato frente a los compromisos ambientales de largo plazo.
Estados Unidos, segundo mayor emisor actual y principal responsable histórico de gases de efecto invernadero, ya se había retirado nuevamente del Acuerdo de París. Al eliminar su principal herramienta interna de control de emisiones, debilita aún más los esfuerzos coordinados para frenar el calentamiento global y envía una señal de repliegue regulatorio en un momento en que la Unión Europea y China aceleran su transición energética.
