Exfuncionarios apelan mientras Puebla pelea por recuperar 600 mdp
La secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno estatal, Daniela Stephanie Pérez, confirmó que el caso del Banco Accendo continúa su curso en la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, instancia que lleva el procedimiento por el fallido manejo de recursos públicos que dejó un boquete millonario a las finanzas de Puebla.
La funcionaria precisó que el proceso sigue vigente y que recientemente la dependencia fue notificada de la interposición de recursos de apelación por parte de exservidores públicos implicados, lo que prolonga la ruta legal antes de una resolución firme.
“La sala especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es la instancia responsable del procedimiento y sigue conociendo del caso. Estamos en espera de una determinación definitiva y ya fuimos notificados de los recursos de apelación presentados por los exfuncionarios involucrados”, señaló.
Y es que en junio de 2021, cuando el gobierno de Puebla, durante la administración de Miguel Barbosa, invirtió más de 600 millones de pesos de recursos públicos en el ahora extinto Banco Accendo, que poco después entró en liquidación, provocó un quebranto financiero para el estado.
De acuerdo con datos oficiales, se depositaron alrededor de 604 millones de pesos, pero solo se han recuperado cerca de 2.7 millones a través del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), una cifra marginal frente al tamaño del daño patrimonial.
La Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en la operación y señaló a exfuncionarios por su presunta responsabilidad. Entre los nombres que pesan en el expediente está el de la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien ya fue inhabilitada y multada, además de permanecer bajo investigación por su papel en la inversión fallida.
Mientras los exservidores públicos buscan frenar o revertir las sanciones mediante apelaciones, el gobierno estatal mantiene el litigio para intentar recuperar los recursos y fincar responsabilidades.
