Podría generar una “gran sorpresa” entre la ciudadanía, anticipa
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, adelantó que en próximos días dará a conocer un anuncio relevante relacionado con la concesionaria Agua de Puebla, al tratarse de un tema de alta importancia y delicadeza para el estado, que podría generar una “gran sorpresa” entre la ciudadanía.
En entrevista, el mandatario estatal informó que su administración continúa con el análisis sobre la posible compra de acciones de la empresa, al señalar que se trata de un proceso complejo que requiere revisar a detalle la forma en que se firmaron los contratos, con el objetivo de evitar irregularidades legales o administrativas.
Armenta subrayó que, aunque por ahora no puede revelar el contenido del anuncio, su gobierno mantiene como prioridad el bienestar de las y los poblanos, particularmente garantizar el acceso libre y suficiente al agua potable.
“Nos ocupa que Puebla tenga agua, ese es el objetivo, porque es un derecho humano. La Presidenta nos ha dicho que el agua no es una mercancía, es un derecho”, expresó.
En ese contexto, el gobernador recordó que durante administraciones panistas, como la encabezada por Rafael Moreno Valle, se privatizaron servicios públicos esenciales, entre ellos el agua potable, el transporte público, el sistema de limpia y el alumbrado público, lo que representó un negocio para gobiernos anteriores.
“Cuando privatizaron lo hicieron bajo esquemas leoninos, con ventaja absoluta para los particulares”, sostuvo.
No obstante, aclaró que cancelar o renegociar dichos contratos sin el debido sustento legal podría generar fuertes sanciones y penalizaciones económicas para el estado, afectando las finanzas públicas.
Armenta señaló que cuando una autoridad actúa buscando beneficio propio o de terceros, en lugar de proteger el interés colectivo, se incurre en traición al Estado y se provoca un daño patrimonial.
Finalmente, informó que la deuda relacionada con el Museo Internacional del Barroco continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, y precisó que no se trata de una persecución política, sino de un proceso necesario para sancionar a quienes hayan afectado el erario público.
